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Comunicado Nacional e Internacional

Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, hace casi quince años, teníamos la firme esperanza de que nuestra población campesina e indígena, tras sufrir genocidio en los 80, no volvería a sufrir la violencia del Estado y que se actuaría con tolerancia y se emplearía el dialogo y la negociación pacífica para resolver los problemas de tierra entre las comunidades y los poderosos. Si bien no ha sido la primera vez en este período post-conflicto armado interno, en que se desata la violencia contra las comunidades rurales, lo acontecido en Alta Verapaz obliga a tomar acciones inmediatas de denuncia internacional y solidaridad.

El 15 de marzo, elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público (MP), el Ejército, guardias privados de seguridad de los grandes terratenientes de la región y personas contratadas por la empresa Chabil Utzaj, así como ex-paramilitares, comenzaron a desalojar violentamente a más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz. Las familias campesinas tomaron posesión de estas tierras entre octubre y noviembre de 2010 y habían comenzado un proceso de negociación con instancias del Gobierno y con la empresa privada Chabil Utzaj. Resulta preocupante que en diciembre el gobierno del Presidente Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz, aduciendo la presencia de narcotraficantes, que no han sido ni encontrados, ni, por tanto, sometidos a control.

La negociación se encaminaba esencialmente, a lograr la compra de las tierras, ya que estas familias han trabajado allí por más de 30 años, cultivando estas tierras para poder sembrar y cosechar alimentos básicos para su subsistencia. En plena negociación, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó orden de desalojo. También preocupante es el hecho que la orden fue dictada el 7 de marzo y se le comunicó a las comunidades solamente el propio día de la acción violenta, el 15 de marzo. Cabe traer a cuenta que ni la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ni otras instancias del gobierno estuvieron ahí para presenciar y/o impedir los hechos violentos.

Ante el clamor de los dirigentes de las comunidades para poner un alto a los desalojos, el fiscal del MP les dió una hora para sacar sus pertenencias y sacar sus cultivos que estaban a pocos días de cosechar. Sin darles el tiempo prometido, miembros de la empresa Chabil Utzaj procedieron a destruir las siembras y bloquear el paso de salida, tirando bombas lacrimógenas a los campesinos, incluyendo a mujeres y niños. Adicionalmente, agentes del sector privado contrataron a campesinos de otras comunidades para destruir las viviendas y cosechas y abusar de las comunidades afectadas. Según se ha conocido, Carlos de la Torre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Olivier de Schutter, Relator especial del Derecho a la Alimentación , fueron testigos presenciales de los desalojos violentos.

A partir del 21 de marzo, las comunidades violentamente desalojadas han sido Agua Caliente, Miralvalle, Quinich, Río Frío, 8 de agosto, El Sauce, Los Recuerdos, Bella Flor y El Rodeo. Se conoció que aún quedaba planeado continuar los desalojos en varias comunidades, incluyendo Santa María Cotoxja, San Miguel Cotoxja, Paraná, San Pablo I, San Pablo II, Tinajas y El Paraíso. En total han sido más de 800 familias desalojadas y violentadas, y más de 400 manzanas de cultivos destruidas, al igual que varias viviendas quemadas. Como resultado de estas violentas y cobardes acciones, en las que participaron más de 1,000 elementos de las fuerzas de seguridad, del ejército y grupos afines, se dio cuenta de las siguientes consecuencias: la muerte de Antonio Beb Ac; Concepción Tut Coy, Federico Caal, Emilio Xol Yat y Hugo Leonel Caal Caal fueron heridos en Miralvalle; María Elena Pau, José Tun y Rafael Suy fueron heridos en el Caserío Agua Caliente y ahí mismo fueron capturados sin orden judicial Justo Tiul Chen y Sebastián Choc; Carlos Cuc Cuc fue herido en la finca El Recuerdo; y decenas de familias perdieron absolutamente todas sus pertenencias y cultivos.

En estos hechos de verdadera “tierra arrasada”, al peor estilo del genocidio contra los pueblos indígenas, se responsabiliza directamente a Carlos Widmann, dueño de tierras adquiridas de manera poco clara que pretende hacerse un potentado de la caña de azúcar como carburante, Jorge Mario Barrientos y Ricardo Díaz, junto con autoridades del Ministerio Público, las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil. Altamente preocupante es también la ausencia de la PDH y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), así como la indiferencia de la propia CICIG, pese a que el Secretario General de las Naciones Unidas se encontraba en el país en esos días.

Ante estos graves hechos, la RPDG, evocando la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, que en su Sección I establece que “…Todo Pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión…”.

a) Se suma a las expresiones de repudio y condena por las violaciones flagrantes de los derechos humanos de más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz, y manifiesta su total solidaridad con todas las comunidades campesinas afectadas, así como con la Fundación Guillermo Toriello y el Comité de Unidad Campesina (CUC), que han estado acompañando a dichas comunidades campesinas a pesar de las amenazas y hostigamientos.

b) Exige que se realice un proceso de verdadero diálogo y negociación para resolver el problema de fondo, en el que se solicite que participe el Conciliador Nacional, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, ya que las víctimas han perdido la confianza en la PDH y otras entidades del Estado.

c) Exige una investigación de fondo de los hechos para deducir las responsabilidades correspondientes. Ya sea que hubiese una orden legal de desalojo o no, no había ningún motivo para que Widdman, Díaz y Barrientos y otros civiles armados por estos dirigieran tan brutal ataque contra las familias campesinas. Deben ser juzgados, condenados y llevados a prisión de inmediato, acusados de la muerte de un campesino y heridas a muchos más, así como de abusos en contra de las comunidades y sus pertenencias.

d) Debe determinarse la responsabilidad de las instituciones del Estado y al presentarse el informe correspondiente, los responsables directos de la represión y quienes los enviaron deben ser sometidos a juicio. De haber responsabilidad o negligencia de las altas esferas del gobierno, como mínimo deben ser removidos el Ministro de Gobernación o el Ministro de la Defensa , dependiendo de quién se pruebe quien estuvo a cargo de la planificación y dirección de la operación represiva.

e) Instamos al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a analizar estos gravísimos hechos, así como las desatinadas políticas del Gobierno de Guatemala con relación a los derechos de los pueblos indígenas.

Nueva York, 30 de marzo del 2011

Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

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Por Ramón Jiménez

El Premio Gisella Paz y Paz 2010 que otorga la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) fue otorgado al activista y ex funcionario gubernamental Alfonso “Poncho” Bauer Páiz por su “extraordinaria trayectoria revolucionaria”.

Bauer Páiz no pudo estar presente en la reciente ceremonia de premiación en Long Island, Nueva York, debido a que no pudo obtener visa para viajar a Estados Unidos, por lo que la entrega formal del reconocimiento tendrá lugar el próximo mes de enero en la capital guatemalteca.

“Al otorgarse este merecido homenaje a Poncho, la Red recordó su participación en la gesta del 20 de octubre de 1944 y en la vida pública nacional en los períodos de los ex presidentes Juan José Arévalo Jacobo Árbenz, incluida su responsabilidad en la formulación e implementación de la Ley de Reforma Agraria”, destacaron voceros de la RPDG a través de un comunicado.

Agregaron que también tomaron en cuenta su constante lucha revolucionaria al ser cercenada la “Primavera Democrática” en 1954 y su resistencia a los regímenes contrarrevolucionarios militarizados a partir de esa fecha.

De igual manera reconocieron el compromiso de Bauer Páiz con los cientos de miles de refugiados en México ante el embate de la campaña de genocidio y tierra arrasada del Estado guatemalteco en los decenios de 1970 y 1980; su participación luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, en los esfuerzos de unificación y lucha electoral de la izquierda guatemalteca, habiendo sido diputado del Congreso de 2000 a 2004; y, más recientemente, su apoyo incondicional a la lucha de los Estudiantes por la Autonomía (EPA) de la USAC.

La RPDG estableció el Premio a la muerte de Jorge Rosal, con el nombre de éste, con el propósito de reconocer en vida las contribuciones extraordinarias de hombres y mujeres —guatemaltecas y no guatemaltecas —a la búsqueda de la paz y el desarrollo de Guatemala, como él lo hiciera toda su vida.

La primera vez, el Premio 2007 fue para Gisella Paz y Paz, esposa de Jorge Rosal, y, a la muerte de ella, se cambió el nombre al que lleva actualmente, en reconocimiento a los méritos de ambos.

Otras personalidades que recibieron el Premio en años anteriores son Carmen Camey en 2008, por la dedicación de su vida a la defensa de los derechos humanos, y Alice Zachmann en 2009, por los más de 25 años al frente de la Guatemala Human Rights Commission/USA en Washington DC, enfrentando la política exterior de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Reconoció el Comité del Premio y la Red que se vieron ante el dilema de decidir entre excelentes candidaturas presentadas por diversos sectores.

“Esto llevó a proponer que se hicieran reconocimientos adicionales”, dijeron.

Como resultado en la categoría del Premio de la Paz y el Desarrollo decidieron otorgar Diplomas de Honor a Víctor Hugo Muñoz, guatemalteco propuesto por el Foro Latinoamericano de Solidaridad de Australia, por su vida dedicada a la solidaridad con el pueblo de Guatemala y otros pueblos en lucha desde su lugar de exilio en ese país, y a Luis Roberto Orellana López, líder universitario y dirigente juvenil revolucionario de Guatemala, por su demostrado compromiso por cambiar su país.

La RPDG también decidió reconocer, de ahora en adelante, las labores sobresalientes de funcionarios, tanto nacionales como internacionales.

Para el 2010 otorgó el Diploma al Mérito al Dr. Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, por ser funcionario ejemplar del Estado de Guatemala en el cumplimiento de su mandato y responsabilidades, y Diploma al Mérito al Dr. Carlos Castresana, por ser el funcionario internacional que en el ejercicio de sus funciones contribuyó de manera sobresaliente a la paz y el desarrollo del país al enfrentar el flagelo de la impunidad.

La RPDG señaló que hay muchas personas, guatemaltecas y no guatemaltecas, que merecen reconocimientos oportunos.

“Queremos romper con la cultura de desacreditación y descalificación que impera en nuestro país, que solamente cuando la persona muere permite visualizar sus virtudes”, explicaron.

En esta oportunidad, consideran que la selección de Don Poncho para el Premio 2010 merece el aplauso nacional y esperan que muchas personas les acompañen al acto de entrega en la ciudad de Guatemala.

“Como Red por la Paz, seguiremos reconociendo con justicia a quienes se han labrado un digno nombre y prestigio en su compromiso con nuestras grandes mayorías”, puntualizaron.

http://www.metrolatinousa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=885%3Aguatemaltecos-reconocen-labor-de-activista&catid=71%3Alatinoamerica-y-mundo&Itemid=134

Asamblea General de la RPDG, 5 de diciembre de 2010

El objetivo fundamental de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) en 2011, al cumplirse 10 años de su existencia, será su participación activa y firme en la política nacional. Pediremos la instalación de mesas electorales en los consulados de Guatemala para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar en las elecciones nacionales y propondremos candidatos y candidatas de la Red, para cargos municipales y puestos nacionales, para hacer valer plenamente nuestro derecho humano fundamental y constitucional a elegir y ser electos. Para ello, arrancaremos en Guatemala el Movimiento por la Paz y el Desarrollo. También actuaremos políticamente para enfrentar el feminicidio y la violencia contra la mujer y para defender, mediante el Frente Nacional contra la Violencia Política y la Impunidad, a los dirigentes y militantes del movimiento social y del movimiento de derechos humanos que hoy son atacados, amenazados y acosados por fuerzas oscuras y sectores de poder. Finalmente, actuaremos políticamente en los Estados Unidos para lograr los objetivos y metas de los migrantes, en general, y de los migrantes guatemaltecos en lo particular.

La RPDG ha concluido su reunión ordinaria de Asamblea General correspondiente a 2010, durante la cual contó con la presencia del Dr. Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, el Diputado Carlos Bautista, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y el Lic. Oswaldo Enríquez, asesor específico de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Por primera vez, la Red hizo uso de la tecnología para ampliar su reunión física a una reunión virtual con participación de compañeras y compañeros que no pudieron viajar a Nueva York. Como siempre, las decisiones fueron tomadas por consenso.

Fase importante de trabajo fue la presentación de informes, que demostraron que, en realidad, durante el 2010 la RPDG dio saltos de calidad. Por un lado, se amplió a lugares nuevos, como Vancouver, Quito, Miami, Los Ángeles, Denver, Las Vegas y varias ciudades de Texas; por otro, reforzó su trabajo en lugares como Chicago, Montreal, San Francisco y varias ciudades de México y Sudamérica y mejoró sus relaciones de cooperación con instituciones de Guatemala, particularmente la PDH, y con entidades de solidaridad con el pueblo de Guatemala, especialmente la Solidaridad en Turín, Italia. Más que ampliación y consolidación, sin embargo, la Red desempeñó importantes acciones al interior de Guatemala e internacionalmente, que la caracterizaron como una organización seria, que incluye a migrantes guatemaltecos en muchos países, sus familiares y a amigas y amigos del país.

El informe de lo actuado en Guatemala demuestra que, pese a tener apenas visitas ocasionales al país, la Red, vía sus colaboradores y contactos, ha ido teniendo una presencia cada vez mayor frente a actores sociales y políticos. En colaboración con la PDH, se desarrollaron importantes actividades sobre la reforma migratoria justa y humana en los Estados Unidos, el apoyo a la campaña por el TPS y la organización de un grupo de trabajo sobre migración en Guatemala. En colaboración estrecha con el Frente Nacional de Lucha (FNL), la Red ha ido trasladando a la comunidad internacional tanto las características de las luchas por los derechos humanos, la conservación de los recursos naturales y las demandas indígenas, campesinas y obreras, como los ataques y amenazas que han sufrido los dirigentes y militantes del movimiento social. Ante el asesinato de más de quince de ellos a lo largo de este año, la Red ha participado en la gestación del Frente Nacional contra la Violencia Política y la Impunidad. En colaboración con el Centro de Desarrollo Municipal y Comunitario (CEDMUC), la RPDG también promueve la organización y participación de los familiares de los migrantes en el movimiento social del país.

La RPDG no permaneció ajena a las vicisitudes históricas y coyunturales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) a lo largo de 2010. En la elección de Rector, se manifestó claramente en contra del continuismo en el cargo y apoyó la candidatura progresista del Dr. Eduardo Velásquez. En el momento de la crisis desatada por la toma de las instalaciones universitarias por el grupo Estudiantes por la Autonomía (EPA), apoyó a este grupo, promovió la solidaridad nacional e internacional con el mismo, se opuso al uso de la represión para reabrir la universidad y propició la solución negociada con la participación del Reconciliador Nacional. La Red también se ha visto en la necesidad de criticar, y a veces enfrentar, al Gobierno. Ha insistido en que la Ley y los reglamentos del CONAMIGUA deben ser reformados, por su carácter antidemocrático y no representativo; ha criticado la falta de acciones eficaces del Estado frente a la violencia y la inseguridad, por un lado, mientras que ha aplicado el rigor de leyes injustas a los sectores que reclaman sus derechos, por el otro; y ha insistido en una colaboración respetuosa y transparente con los migrantes, la cual aún no se ha dado.

Uno de los programas más significativos de la RPDG ha sido el desarrollado por MIA (Mujeres Iniciando en las Américas), una de sus organizaciones miembros, para la sensibilización y educación en torno al feminicidio en Guatemala, la violencia contra la mujer y la necesidad de luchar por la equidad de género. Se desarrollan labores educativas en diversos ambientes, incluida la USAC y la Academia de la Policía Nacional Civil, muchas de ellas con hombres y jóvenes, reconociendo que la violencia contra la mujer es una expresión del “machismo” enquistado en la sociedad guatemalteca.

En sus labores en los Estados Unidos, la RPDG contribuyó significativamente a la formación y el funcionamiento de estructuras de coordinación de migrantes guatemaltecos en pro de la reforma de la Ley de Inmigración que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Las estructuras nunca llegaron a ser verdaderamente representativas de los migrantes en los Estados Unidos, negaron la participación democrática y terminaron no desempeñando función constructiva alguna, lo que hizo que la Red se retirara de ellas en mayo de 2010. La energía de la Red se trasladó en junio a la lucha por el TPS. No solamente la Red fue la primera organización de migrantes que pidió al MINEX que solicitara el TPS al gobierno de Obama, sino que fue la única en mantener acciones constantes en Estados Unidos y Guatemala hasta finales de este año. Si bien el TPS no se ha logrado, y es difícil imaginar que se consiga en los días finales de diciembre, la Red, la sociedad civil y Guatemala, en general, han salido gananciosas de este extraordinario esfuerzo, verdadera pértiga para nuestro salto de calidad. Desde el lanzamiento de todo tipo de campañas dirigidas a los presidentes de Guatemala y de Estados Unidos y otras personalidades y funcionarios, hasta las visitas al Departamento de Estado y el Departamento de Homeland Security y la marcha enfrente de la Casa Blanca, la Red no cesó en ningún momento de señalar la pertinencia del TPS y de pedirlo de manera cortés pero firme. No era un derecho; pero sí el acto humanitario que era de esperarse del Gobierno de los Estados Unidos bajo una administración Demócrata.

En este esfuerzo extraordinario, que lamentablemente no fue respaldado por el Gobierno de Guatemala y otras redes de organizaciones de migrantes, la RPDG no actuó sola. Fue acompañada por valiosos actores en Guatemala y en los Estados Unidos. Con las excusas por los olvidos involuntarios, mencionamos la valiosa colaboración de las entidades siguientes: Asociación de Morazanecos Ausentes en EE.UU. (AGMAUSA); Mujeres Iniciando en las Américas (MIA); Voces de Mujeres de Guatemala, Mujeres Abriendo Caminos, de Los Ángeles California; Alianza de Organizaciones Guatemaltecas de Houston, Texas: Consejo Comunitario Guatemalteco, Comité Guatemalteco, Ligas Unidas de Futbol, Voces Unidas Por los Inmigrantes Dallas TX; REDGUA Denver, Colorado; Oscar Sandoval, Chicago, Illinois; América Calderón, Washington, DC; Casa del Migrante de Las Vegas, NV; Consejo Político Baktun 13; Hermandad del Cristo Negro de Esquipulas de NY-NJ; Iq Balam en West Palm Beach, Florida; y Fundación Guatemalteca Hispanos sin Fronteras en Miami, Florida; Guatemala Human Rights Commission –USA; Hermandad del Señor de Esquipulas de Miami, Florida; UDEFEGUA y FUNDACION SOBREVIVIENTES en Guatemala, y miles de guatemaltecas y guatemaltecos y amigos de Guatemala de diferentes países, incluyendo las 30,000 firmas de apoyo a nuestras cartas y los cientos de firmas de niños y niñas a la nota del Día de Acción de Gracias enviada a la Sra. Michelle Obama.

La RPDG se siente sumamente satisfecha del interés que ha causado el Premio Gisella Paz y Paz y Jorge Rosal de la Paz y el Desarrollo que identifica a las personas que han hecho y/o hacen una gran contribución a la paz con justicia social. En acto realizado el sábado, 4 de diciembre de 2010, se anunció públicamente que el Premio para el 2010 se ha asignado al Lic. Alfonso Bauer Paiz, por sus méritos a lo largo de toda una vida. En esta categoría, se entregaron también Diplomas de Honor a Víctor Hugo Muñoz, líder guatemalteco que reside en Australia, y a Luis Roberto Orellana López, líder universitario y de la juventud revolucionaria de nuestro país. Dos funcionarios fueron igualmente propuestos para el Premio y la Red, reconociendo sus méritos en el desempeño de sus mandatos y funciones, acordó la creación de un reconocimiento al funcionario ejemplar del Estado Guatemalteco, otorgando Diploma al Mérito al Dr. Sergio Morales, y un reconocimiento al funcionario internacional que hubiese contribuido más a la paz y el desarrollo de Guatemala, otorgando Diploma al Mérito al Dr. Carlos Castresana, ex Director de la CICIG. La Red alienta así el cambio de la cultura de la desacreditación que hoy existe en Guatemala por la del reconocimiento oportuno y sin restricciones –y en vida de los actores– de los aportes de muchas personas, guatemaltecas y no guatemaltecas, a la paz, la justicia social y el desarrollo.

La RPDG asume los retos que enfrentará en 2011 tanto en el país como en los Estados Unidos y otros países. Las condiciones van a ser difíciles y complejas en los Estados Unidos, debido al fortalecimiento logrado por el Partido Republicano, y más difíciles todavía en Guatemala, al entrarse al proceso de elecciones generales dentro de un ambiente de crisis generalizada. La RPDG propone al pueblo de Guatemala, particularmente a sus golpeadas capas medias y castigadas clases populares, la elección de un Gobierno de Salvación Nacional, que pueda enfrentar la inseguridad y la violencia, el crimen organizado, los abusos de poder político y económico, las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de todo tipo, la falta de justicia, la impunidad, la corrupción y la pobreza. Para poder participar en la formación, elección y funcionamiento de dicho gobierno, la RPDG exige la vigencia plena de su derecho humano fundamental y constitucional de elegir y ser electo. Corresponde al Tribunal Supremo Electoral habilitar mesas electorales en todos los consulados nacionales, así como aceptar las candidaturas que los migrantes presentemos por las vías correspondientes. La clase política guatemalteca, con raras excepciones, se encuentra desacreditada y deslegitimada, por lo que proponemos a dichas excepciones y al pueblo en general constituir un Frente Amplio Democrático que dé respuesta a la necesidad de una práctica política nueva en el país.

Daremos otras batallas en el interior del país, porque todas ellas serán necesarias para generar la Nueva Guatemala contemplada en los Acuerdos de Paz de 1996. Acompañaremos a los sectores progresistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para lograr la reforma universitaria y la defensa plena del carácter de universidad nacional y autónoma. Acompañaremos al movimiento social en todas sus justas demandas y a los pueblos indígenas en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Acompañaremos al sector de mujeres y al movimiento de derechos humanos en sus luchas por lograr la equidad de género y la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos. Exigiremos la reforma de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) y su adecuada implementación, para que efectivamente se dé respuesta a las y los migrantes y a sus familiares en el país.

Finalmente, la RPDG asume sus compromisos en los Estados Unidos. La lucha por el TPS, que perderá vigencia en el 2011, debemos transformarla en la lucha por el tratamiento justo y humano de las y los inmigrantes guatemaltecos en ese país, incluyendo la disminución sustancial y eliminación de las deportaciones. Nos sumaremos a los sectores más ilustrados para dar la batalla por una Ley de Inmigración justa y humana y nos sumaremos a la iniciativa de crear una fuerza social-política de los migrantes, para influir positivamente en la política nacional de los Estados Unidos. Frente a la corriente de derecha conocida como el movimiento del “Tea Party” contribuiremos a la formación y desarrollo de un tercer partido político centrado en las necesidades reales de la gran mayoría de la población estadounidense.

Nueva York, 15 de diciembre de 2010

Comité Ejecutivo de la RPDG

The Wave: 1981 – Based on the real experience of a high school class in Palo Alto, CA in April 1967, whose teacher wanted to explain the rise of the Nazi party to his students.

La Ola (The Wave) es una pelicula corta adaptada a la television que se basa en el libro “La Tercera Ola” de Ron Jones.

La Tercera Ola fue el nombre que el profesor de historia Ron Jones dio a una recreación experimental de la Alemania Nazi que él mismo dirigió con alumnos de secundaria (preparatoria en algunos países). Convenció a sus estudiantes de que el movimiento eliminaría la democracia. El hecho de que la democracia enfatiza el individualismo fue considerado como un defecto de la democracia, y Jones hizo hincapié en ello a través de su lema : “Fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo”.

El experimento se llevó a cabo en el Cubberley High School, un colegio de Palo Alto, California, durante la primera semana de abril de 1967. Jones, al no poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes (especialmente los no judíos) permitieron que el Partido Nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados “indeseables”, decidió mostrárselo. Jones escribe que comenzó con cosas simples, como la disciplina en el salón de clases, y que logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de propósito.

Jones llamó al movimiento “La Tercera Ola”, debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte, y afirmó que sus miembros revolucionarían al mundo. Al parecer, el experimento cobró vida propia, con alumnos de toda la escuela uniéndose a él. Jones escribió que se preocupó acerca del resultado del ejercicio antes de detenerlo diciendo que el movimiento tenía un líder mundial, y luego mostrando una película de éste: Adolf Hitler.

A pesar de las implicaciones evidentes que este estudio ofrece sobre la maleabilidad mental del ser humano, tiene particular interés tanto para los psicólogos que pudieran desear comprenderlo y prevenirlo, como para aspirantes a dictadores que pudiesen intentar recrearlo, poco se ha hecho conocido sobre el asunto.

PART 1

PART 2

Brussels, October 2010

RE: the precautionary measures granted by the Inter American Commission on Human Rights to communities of the Maya indigenous peoples of the Sipacapa and San Miguel Ixtahuacán Municipalities in the Department of San Marcos, Guatemala

Mr. Alvaro Colom

President of the Republic of Guatemala

We, the undersigned members of the European Parliament, express our concern regarding the information received about the alleged violations of human rights of the Maya peoples (Sipakapense and Mam) of the Sipacapa and San Miguel Ixtahuacán Municipalities in the Department of San Marcos, in the framework of the mining of the Marlin I project and other activities related to the concession granted to the company Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A.

These alleged violations led the Inter American Commission of Human Rights (henceforth “the IACHR”) to grant precautionary measures for the members of these communities on May 20, 2010. These precautionary measures, which respond to the same concerns we express, aim to avoid serious and irreparable harm to the human rights of these communities.

We urge the State of Guatemala to carry out efficient implementation of these measures, which request, interalia:

* “the suspension of mining of the Marlin I project and other activities related to the concession granted [...];

* adoption of the necessary decontamination measures [...];

* assurance of [community] members’ access to water fit for human consumption;

* addressing health problems [...];

* adoption of any other necessary measures to guarantee the life and physical integrity of the members of the 18 aforementioned Maya communities; and

* planning and implementation of the protection measures with the participation of the beneficiaries and/or their representatives”.

We appreciate that the State of Guatemala, on the initiative of the Prosecutor General (Procurador General de la Nación), began the administrative process to suspend operations of the Mining Law Marlin I on August 10, in order to comply with the commitments made under International Human Rights Law. We ask the Government to keep us informed on progress and results in the implementation of this process, to report to us on the extent to which precautionary measures are being implemented, and to inform us about the participation of the representatives of the communities in the planning and implementation of these measures.

We further voice our concern in relation to the growing climate of conflict in the villages surrounding the mine, the attacks against individuals opposed to mining, as well as alleged arrest warrants against leaders and spokespersons for the affected communities. We ask the government to keep us informed on the specific actions taken to protect the life and physical integrity of the members of the 18 communities, until the IACHR adopts a decision on the merits of the petition associated with this request for precautionary measures.

The strength of the Inter American human rights system and compliance with the obligations undertaken through the Inter American Convention on Human Rights are essential for strengthening the political, economic and social development of the region, and represent the basis of the European Union’s relations with Central America. The Partnership and Cooperation Agreement in force and the recently signed Association Agreement have at their foundation the democratic and human rights clause. This clause gives us confidence that the State of Guatemala will comply with the precautionary measures granted by the IACHR.

SIGNATURES FROM EUROPEAN PARLIAMENT:

Eva-Britt SVENSSON, Sweden, President of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality

Marita ULVSKOG, Sweden, Committee on Industry, Research and Energy

Ivo BELET, Belgium, Committee on Industry, Research and Energy

Jean-Luc DEHAENE, Belgium, Committee on Budgets

Jean LAMBERT, United Kingdom, Committee on Employment and Social Affairs

Göran FÄRM, Sweden, Committee on Budgets

Catherine GREZE, France, Committee on Development

Ska KELLER, Germany, Committee on Development

Nikolaos CHOUNTIS, Greece, Committee on Economic and Monetary Affairs

Barbara LOCHBIHLER, Germany, Subcommittee on Human Rights

Bart STAES, Belgium, Committee on budgetary Control

Wolfgang KREISSL-DORFLER, Germany, Committee on Foreign Affairs

Oriol JUNQUERAS VIES, Spain, Committee on Petitions

Franziska Katharina BRANTNER, Germany, Committee on Women’s Rights and Gender Equality

Helmut SCHOLZ, Germany, Committee on International Trade

Frieda BREPOELS, Belgium, Committee on Foreign Affairs

Satu HASSI, Finland, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Anna HEDH, Sweden, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Åsa WESTLUND, Sweden, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Raul ROMEVA I RUEDA, Spain, Committee on Women’s Rights and Gender Equality

Olle LUDVIGSSON, Sweden, ommittee on Employment and Social Affairs

Kathleen VAN BREMPT, Belgium, Committee on Industry, Research and Energy

Rui TAVARES, Portugal, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Saïd EL KHADRAOUI, Belgium, Committee on Transport and Tourism

Heide RÜHLE, Germany, Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Martin HÄUSLING, Germany, Committee on Agriculture and Rural Development

* * * * * * *

CANADIAN GOVERNMENT OFFICIALS

Write to your own MP and government officials, to the Canada Pension Plan, to your own Pension fund (if they are invested in Goldcorp), and to any and all of the following. Send a copy of the European Parliament letter.

Ask them “How many times can [Canada] turn [it's] head and pretend that [it] just doesn’t see …” (with respect to Bob Dylan).

info@gg.ca, DMousseau@GG.CA, harpes@parl.gc.ca, Oda.B@parl.gc.ca, cannol@parl.gc.ca, kent.p@parl.gc.ca, SorenK@parl.gc.ca, ducepg@parl.gc.ca, laytoj@parl.gc.ca, emaytowin@greenparty.ca, ignatm@parl.gc.ca, RaeB@parl.gc.ca, LalonF@parl.gc.ca, DewarP@parl.gc.ca, bagnell.l@parl.gc.ca, days@parl.gc.ca, julian.p@parl.gc.ca, MckayJ@parl.gc.ca, SorenK@parl.gc.ca, allison.d@parl.gc.ca, dewarp@parl.gc.ca, Marketa.Evans@international.gc.ca, barbara.curran@acdi-cida.gc.ca, kate.stefanuk@acdi-cida.gc.ca, leeann.mckechnie@international.gc.ca, karin.reinecke@international.gc.ca, gtmla@international.gc.ca, sjcra@international.gc.ca, tglpa@international.gc.ca

Governor General of Canada

Rideau Hall, 1 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1A-0A1

info@gg.ca, (613) 993-8200, 800 465-6890

Duncan Mousseau, Director, Policy, Planning and Correspondence

Office of the Secretary to the Governor General

DMousseau@GG.CA

Prime Minister Stephen Harper

harpes@parl.gc.ca

Minister of International Cooperation Bev Oda

509-S Centre Block, House of Commons, Ottawa, ON, K1A 0A6

Oda.B@parl.gc.ca

Minister of Foreign Affairs Lawrence Cannon

509-S Centre Block, House of Commons, Ottawa, ON, K1A 0A6

cannol@parl.gc.ca

Minister of State of Foreign Affairs (Americas) Peter Kent

125 Sussex Dr, Ottawa, ON, K1A 0G2

(613) 992-0253, kent.p@parl.gc.ca

Gilles Duceppe, leader, Bloc Quebecois

1200 Papineau Av, #350, Montreal, QC, H2K 4R5

ducepg@parl.gc.ca

Jack Layton, leader, New Democratic Party

221 Broadview Ave, Suite 100, Toronto, ON, MM 2G3

laytoj@parl.gc.ca

Elizabeth May, leader, Green Party

Saanich Gulf Islands EDA, PO Box 20076, Sidney, BC, V8L 5C9

emaytowin@greenparty.ca

Michael Ignatieff, leader, Liberal Party

656 The Queensway, Etobicoke, ON, M8Y 1K7

ignatm@parl.gc.ca

Bob Rae, Liberal, Foreign Affairs Critic

(613) 992-5234, RaeB@parl.gc.ca

Francine Lalonde, Bloc Quebecois, Foreign Affairs Critic

(613) 995-6327, LalonF@parl.gc.ca

Paul Dewar, NDP, Foreign Affairs Critic

1306 Wellington St. W, Ottawa, Ontario, K1Y 3B2

dewarp@parl.gc.ca, 613-946-8682

Larry Bagnell, Liberal

bagnell.l@parl.gc.ca

Stockwell Day, Conservative

days@parl.gc.ca, 613-995-1702

Peter Julian, NDP International Trade Critic, Rm 178, Confederation Bldg., Ottawa, ON K1A 0A6

julian.p@parl.gc.ca

John McKay, Liberal, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development

(613) 992-1447, MckayJ@parl.gc.ca, 613-947-4609

Kevin Sorenson, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, Room 518, Justice Building, Ottawa, ON K1A 0A6

(613) 947-4608, SorenK@parl.gc.ca, 613-992-2971

Dean Allison, Foreign Affairs Committee Chairperson, 4994 King Street, Beamsville, Ontario, L0R 1B0

allison.d@parl.gc.ca, 905-995-2772

Marketa Evans, Global corporate responsibility commissioner

Marketa.Evans@international.gc.ca

Barbara Curran, CIDA Director, 200 Promenade du Portage, Gatineau, K1A 0G4

819-994-4092, barbara.curran@acdi-cida.gc.ca

Kate Stefanuk, Acting Director (& responsible for Honduras)

kate.stefanuk@acdi-cida.gc.ca

Johanne Dupont, Country Program Manager for Nicaragua, Guatemala, and Cuba

johanne.dupont@acdi-cida.gc.ca

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http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=HOC

CANADIAN Embassy in Guatemala

Ambassador Leeann McKechnie

leeann.mckechnie@international.gc.ca

Karin Reinecke, Assistant to the Ambassador

karin.reinecke@international.gc.ca

Jennifer Chacon, jennifer.chacon@international.gc.ca

13 Calle 8-44 Zone 10, Edificio Edyma Plaza, Ciudad de Guatemala

(502) 2363-4348, 2365-1201, gtmla@international.gc.ca

CANADIAN Embassy in Costa Rica (responsible for Honduras, as well)

Ambassador Neil Reeder

(506) 2242-4400, (506) 2242-4411 – Political, sjcra@international.gc.ca

Honduras Office of the Canadian Embassy

Centro Financiero Banexpo – Tercer Piso

Boulevard San Juan Bosco, Colonia Payaquí

Tegucigalpa, Honduras

(504) 232-4551; tglpa@international.gc.ca

…

Writing about it didn’t, alas, prevent it from happening.

In the late 1940s, Gore Vidal lived in Guatemala, where he shared a house with the writer Anaïs Nin, lived on the cheap, and wrote Dark Green, Bright Red. Published in 1950, this undeservedly obscure novel describes how the operatives of the World Banana Company work behind the scenes in an unnamed Central American country to help a smooth-talking dictator depose a president committed to land reform and free elections.

“With a population which is 80 percent pure Indian and illiterate, direct popular representation would destroy the fabric of the state and leave anarchy in its wake,” argues Jorge Alvarez Asturias, the former dictator in Vidal’s novel who wants to retake the government by force. He opposes a president who “represents an alien and unrepublican philosophy of state control and state planning, whereas I…we represent the individual. We respect the rights of property and the process of the law.” This story line — of generals versus presidents, property owners versus land reform, and rich versus poor — tormented Latin America for much of the 20th century.

The general in Vidal’s novel ultimately fails in his bid. But four years later, the scenario unfolded in an eerily similar fashion in Guatemala. Backed by the United Fruit Company, which didn’t want to give up its land for redistribution even with government compensation, Colonel Carlos Castillo Armas succeeded in overthrowing Jacobo Arbenz’s democratically elected government. Once in office, Castillo took away the voting rights of illiterate Guatemalans, reversed his predecessor’s the land reform, and imprisoned thousands of alleged communists. Six years after that, Guatemala descended into a civil war. According to a 1999 Guatemala truth commission report, 150,000 people died in this war and another 40,000 disappeared, the vast majority at the hands of state actors.

But that was a conservative estimate. In 2005, human rights investigators discovered the enormous archive of the Guatemalan National Police — 80 million pages — in a crumbling and forgotten munitions depot in downtown Guatemala City. This year, the Institute for Policy Studies presented a Letelier-Moffitt human rights award to the archivists who have made these documents available to the tens of thousands of Guatemalans desperate for information about their loved ones who died or disappeared during the gruesome civil war.

The information this archive contains can be used in the service of not just truth but also justice. In 1999, Nobel-prize-winning writer and activist Rigoberta Menchú filed a lawsuit in Spain against members of the Guatemalan dictatorship for their role in genocide, torture, state terrorism, and other crimes against humanity. Menchú lost her parents and two brothers to the “pacification campaign” that the government conducted in the Western Highlands, populated largely by poor, indigenous peasants. In 2006, a Spanish court issued a warrant for the arrest and extradition of former dictator José Efraín Ríos Montt. But the 83-year-old Ríos Montt not only remains in Guatemala. He serves in Congress, where he enjoys immunity from prosecution.

Somewhere in those 80 million pages or in the military archives that current Guatemalan president Álvaro Colom has promised to unseal is the evidence that could finally bring Ríos Montt and his cronies to justice. Already, the government has provided prosecutors with a document outlining the military’s role in one massacre of civilians. But can the Guatemalan courts end the climate of impunity in the country? In 2001, despite threats and grenade attacks, Guatemalan judges eventually convicted three people for the murder of Bishop Juan José Gerardi, who had just released a report on the state’s and the military’s complicity in extrajudicial killings. The case was so surrealistic that the novelist Francisco Goldman decided to abandon the magic of fiction and tell this “baroque story of perhaps perverse human passions” in journalistic form in The Art of Political Murder. The story of this case — as well as the pervasive corruption, the attacks against union members, the killings of 50 candidates and activists in the 2007 elections — suggests that bringing the true rule of law to Guatemala won’t be easy.

While Ríos Montt continues to enjoy his political privileges, Rigoberta Menchú has become a lightening rod for attacks. In 1999, the same year that she launched her lawsuit against Ríos Montt, anthropologist David Stoll published a book that called into question many of her autobiographical claims. The right wing immediately seized on this critique. David Horowitz, with his typical flair for understatement, called her book I, Rigoberta Menchú, “one of the greatest hoaxes of the 20th century.”

But as Greg Grandin writes in an important article in The Nation, Menchú’s version of her own story, which essentially serves as a narrative of Guatemala’s civil war, has emerged largely unscathed from the decade of attacks that she has endured. She provided the information that went into her autobiography in several interviews in Paris, from memory, in Spanish, which was her second language of Spanish, after a year of living in hiding in exile, and with no knowledge that the material would become a book. Only two novelistic changes — her witnessing her brother’s murder and her claim of having had no education — depart from the facts. “More than a decade after the scandal, what is notable about I, Rigoberta Menchú is not its exaggerations but its realism,” Grandin concludes.

Suddenly revealed documents haven’t only exposed wrong-doing in Guatemala. Recently, in another archive, this time at the University of Pittsburgh, historian Susan Reverby discovered evidence that U.S. public health doctors deliberately infected nearly 700 Guatemalans with sexually transmitted diseases between 1946 and 1948. The Obama administration apologized. But, frankly, Guatemalans deserve a great more than an apology, considering how poorly the United States has treated the benighted country.

Menchú’s memoir and legal briefs , the Guatemalan Police Archives’ documents, the University of Pittsburgh’s papers, Francisco Goldman’s journalism: They all preserve the memory of atrocity and injustice in Guatemala. For all the thousands of pages of magical realism that Latin American novelists have produced over the years, nothing can quite measure up to the incredible and true stories found in this documentary evidence.

More incredible still, perhaps, is that this same old story of coups and colonialism is still with us today. Despite the region’s decisive turn toward democratic rule, Latin America remains subject to strongmen who dream of power. Honduras succumbed to a military coup last year and still suffers from its tragic aftereffects. In the recent near miss in Ecuador, the United States “was actively involved in training the anti-narcotics unit and many of the police units that participated in the coup attempt,” writes Foreign Policy In Focus (FPIF) columnist Laura Carlsen. Artist Edgar Endress, in an interview with FPIF’s Peter Certo, tells a story of several ex-Yugoslav mercenaries hired by Bolivian secessionists to bring down President Evo Morales’ government.

Pinochet, Fujimori, and Videla are no longer in power. But in the way that agribusiness and the CIA continue to cooperate with the powerful in Latin America, not enough has changed since Gore Vidal wrote his prescient novel. His experience in Guatemala in the 1940s turned Vidal into a life-long critic of the U.S. empire. “If I were a Guatemalan and I had the means to drop something on somebody in Washington, or anywhere Americans were, I would be tempted to do it,” he told Marc Cooper in a 2002 interview. “Especially if I had lost my entire family and seen my country blown to bits because United Fruit didn’t want to pay taxes. Now, that’s the way we operate. And that’s why we got to be so hated.”

Dark Green, Bright Red didn’t prevent the coup in Guatemala. Critics either panned the book or ignored it, largely because of the homophobia that greeted Vidal’s coming-out novel The City and the Pillar in 1948. If Dark Green, Bright Red had become a bestseller, who knows, perhaps Guatemala might have gone off on a different trajectory. After all, the printed word, as historians and archivists and lawyers will tell you, can be very powerful indeed.

http://www.huffingtonpost.com/john-feffer/not-so-magical-realism_b_768483.html

CLOC – Vía Campesina

Al compás de las luchas históricas de los pueblos y de sus movimientos sociales, América Latina ha emprendido un inédito camino de cambios, de desarrollo de pensamiento propio, de fortalecimiento del proyecto socialista, de construcción del Buen Vivir / Vivir Bien, que se cristaliza ya en procesos de transición que apuestan por la descolonización y por profundas transformaciones, que lleven hacia sociedades de igualdad, justicias y soberanías, así como de armonía entre seres humanos y naturaleza.

Para las mujeres del campo de nuestra América, reunidas en la mitad del mundo, el reconocimiento de los derechos de la Pachamama (Madre Tierra) y de nuestros deberes frente a ella, la afirmación de la diversidad económica y productiva, la prioridad de la reproducción de la vida y no la del capital, constituyen una significativa concreción de las reivindicaciones históricas de las campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Pero a la vez que nos congratulamos con estos avances, que resultan de nuestras luchas y resistencias, reafirmamos nuestra voluntad de continuar luchando para que la propuesta feminista continúe contribuyendo a definir los cambios socialistas que anhelamos, por los que lucharemos sin cesar hasta que las fuerzas combinadas del capitalismo y del patriarcado sean parte del pasado.

Del mismo modo, nos comprometemos a continuar luchando por la Soberanía Alimentaria, por nuestras formas de vida, por las agriculturas campesinas y por modos distributivos de reciprocidad, que se desarrollen en convivencia con la naturaleza, en cuyo seno hemos desplegado el ejercicio creativo de la agricultura, de la hibridación de semillas, de la creación alimentaria y de cuidados integrales, y de otros conocimientos, gracias a los cuales hemos alimentado al mundo.

Rechazamos enérgicamente las visiones capitalistas que se imponen en el agro, que privatizan la tierra y el agua e imponen dinámicas empresariales que aniquilan la vida campesina.

Nos oponemos a que la transnacionalización de la producción alimentaria y la lógica de la acumulación de ganancias para el capital, continúe actuando como el objetivo de la humanidad y subsuma nuestras vidas a sus intereses.

Queremos transitar de una visión de distribución normada por el ´libre comercio’ hacia una de reciprocidades, complementariedades y cooperación, tal como nuestras organizaciones han venido proponiendo en sus países, pero también en el proceso de integración regional -la ALBA y la UNASUR-, que es un eje clave para encaminar nuestras aspiraciones socialistas y antipatriarcales.

La América Latina que queremos es una que se construya de relaciones armoniosas y de interdependencia entre seres humanos, constituidos como iguales, que encaminen su accionar a la luz de la sostenibilidad de la vida.

La América Latina que aspiramos construir es una de convivencia solidaria entre pueblos y culturas diversos, descolonizada, sin machismo ni racismo.

Queremos una América Latina comunicada, que reconozca y se reconozca en la diversidad de formas de expresión y comunicación de nuestros pueblos, con medios de comunicación en los que se expresen las iniciativas de nuestros movimientos sociales y las propuestas políticas de cambio. Rechazamos la arremetida ideológica capitalista y sexista que imponen los medios de comunicación corporativos, que se han convertido en voceros de los intereses del capital y de la derecha.

Queremos una región y un mundo libres de todas las manifestaciones de violencia, sea esta sexista, patriarcal, capitalista o imperialista.

La América Latina y el Caribe que queremos es un territorio de paz, desmilitarizado, sin bases militares foráneas, libre de las prácticas imperialistas de control, sin criminalización ni persecusión política de la organización, de la protesta y de la pobreza.

Rechazamos y condenamos las amenazas imperialistas y los intentos golpistas contra los procesos de cambio, como sucedió en la República Bolivariana de Venezuela, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Ecuador, y como se impuso en Honduras. Rechazamos todo intento de injerencia e interferencia en nuestros países y en las decisiones de sus pueblos, como se expresa en el bloqueo impuesto a Cuba, por más de 50 años, por el gobierno de Estados Unidos.

Nosotras, las mujeres del campo provenientes de 19 países, levantamos nuestras voces al unísono en defensa de la Madre Tierra como un todo y por una reforma agraria integral que garantice el acceso de las mujeres a la tierra. Levantamos nuestras voces en defensa de la Soberanía Alimentaria, de la producción y distribución basadas en economías solidarias y comunitarias, no en los esquemas capitalistas injustos y depredadores.

Nos mantendremos alerta hasta que nuestra América Latina y el mundo sean libres de la opresión del capital y del patriarcado.

Sin feminismo no hay socialismo.

Contra el saqueo del capital y del imperio, América lucha!

Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha!

Mujeres del Campo luchando por la soberanía popular, por la justicia, la vida y la igualdad!

Continúa hoy, como estaba programado y coronado la lucha exitosa de asambleas y organizaciones sociales de todo el país, el acampe frente al Congreso con las mesas de exposición y debate con la participación de todos los compañeros que vinieron de las provincias y las bandas y conjutos de música que acompañan en la movilización.

Hoy continuamos con el programa, las mesas de exposición y debate con la participación de todos los compañeros que vinieron de las provincias y las bandas y conjutos de música que acompañan en la movilización.

Ayer en la conferencia de prensa, intervinieron numerosos hermanos de comunidades indígenas de Los Valles Calchaquíes, coyas y mapuches, con representantes de muchísimas asambleas de vecinos y auto convocados, pueblos catamarqueños como el de Andalgalá, del noroeste argentino, patagónico, cuyano, del centro, norte, sur y litoral del país. Un glaciar acartonado, creado por los vecinos de Saladillo, provincia de Buenos Aires, preside como símbolo la Plaza de los Dos Congresos.

Ayer hubo una fuerte y masiva presencia que supo contener la prepotencia de un grupúsculo de provocadores de las corporaciones mineras, enviados por el gobernador autócrata de la provincia de San Juan. La lucha continúa.

El mal tiempo, la llovizna, no impidió que los numerosos activistas y ciudadanos involucrados participaran de una concentración frente al Congreso acompañando a músicos que intercalaban entre cada tema exhortaciones de compromiso y la voz de militantes contra la mega minería.

No cabe duda que este es un triunfo del pueblo que lucha por imponer dignamente y con pasión el camino hacia un mundo mejor, hacia un hábitat que permita sostener en el tiempo el porvenir de generaciones futuras. Este peldaño ganado es fruto del esfuerzo mancomunado de compañeros que venían actuando en distintas esferas donde los hechos y confrontaciones de poder se suceden diariamente, en los pasillos del Congreso Nacional, en las oficinas de diputados y senadores, en las calles y en los medios de prensa, en las ciudades más alejadas con pobladores que enfrentan persecuciones y judicializaciones, con la vigencia de leyes que habrá que seguir combatiendo, como la ley antiterrorista.

Vamos por más. Esta ley se halla sola y desamparada. Debemos protegerla con nuestros colectivos en acción de permanente militancia, al mismo tiempo que intentaremos destruir el aparato de entrega y de saqueo demandando una legislación minera que reemplace a la vigente y obligue a la expulsión de las transnacionales. El asambleísmo de los pueblos cordilleranos habrá de llevar esta ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, con el puño levantando, para que nadie se olvide de aplicarla correctamente.

Sabemos y no olvidamos que la autorización de aplicación de las leyes, en los territorios donde operan las transnacionales mineras, es hegemonizada por gobernantes socios de las corporaciones del sector. La lucha continuará tan firme como hasta ahora porque habrá que defender lo que supimos conseguir e ir en pos de un país deseado, de una nación para todos a través de un camino duro y difícil, pero no imposible.

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/la-ley-de-glaciares-es-un-triunfo-mayusculo

Las pérdidas económicas causadas por las lluvias en lo que va de 2010 alcanzaron los 1 mil 553 millones de dólares, informó hoy el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , Ricardo Zapata.

ACAN-EFE

El funcionario explicó en una rueda de prensa que las pérdidas representan el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual repercutirá en un menor crecimiento económico del 2010, que se estima en poco más del 2 por ciento.

Zapata, quien coordina una comisión de la CEPAL que evalúa los daños provocados por las lluvias, precisó que, en términos absolutos, las pérdidas, hasta el pasado 20 de septiembre, asciende a 1 mil 553 millones de dólares.

Sólo la tormenta tropical Ágatha y la violenta erupción del volcán Pacaya, a finales de mayo pasado, causaron pérdidas económicas por 1 mil millones de dólares.

“Hay desastres que siguen afectando al país. La saturación de lluvia en el suelo ya era grave en mayo y ahora las lluvias en rangos normales pueden causar más inundaciones y deslizamientos”, dijo Zapata.

Según el informe de la CEPAL, un total de 559 mil 923 personas han sido afectadas durante este año por las lluvias, de las cuales 207 mil 845 fueron evacuadas, y de ellas 142 mil 775 terminaron en albergues temporales.

Por su parte, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Mauricio Valdéz, dijo que los esfuerzos de la ONU, además de colaborar con la elaboración de un plan de reconstrucción, se han centrado en la ayuda humanitaria.

Desde mayo pasado a la fecha, dijo, se ha otorgado una asistencia humanitaria por 6 millones de dólares.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), las lluvias han dejado este año 274 muertos.

Guatemala ha sido declarada hoy en aleta anaranjada por las autoridades de protección civil por la tormenta tropical Mattew que se formó en el Atlántico Norte y que ya toco tierra en Nicaragua y afecta con intensas lluvias ese país y a Honduras.

De acuerdo con las autoridades de protección civil, los departamentos que pueden ser afectados con lluvias debido a la tormenta son Izabal (Caribe) , Petén y Alta Verapaz (norte) y Zacapa (noreste) del país.

http://www.prensalibre.com/noticias/Perdidas-alcanzan-US1-millones-CEPAL_0_341373967.html

Descargue el PDF aqui.

La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó ayer 28 de julio, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. La Asamblea de Naciones Unidas se mostró “profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

La adopción de esta resolución estuvo precedida de una activa campaña liderada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. A continuación presentamos la intervención de Pablo Solón, representante Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Derecho Humano al Agua y Saneamiento”

Señor Presidente:

Permítanme empezar la presentación de esta Resolución recordando que “Los seres humanos somos esencialmente agua”. Alrededor de dos terceras partes de nuestro organismo están compuestas de agua. Un 75% de nuestro cerebro está constituido por agua, y el agua es el principal vehículo de las transmisiones electroquímicas de nuestro organismo.

Nuestra sangre circula como un enjambre de ríos en nuestro cuerpo. El agua en la sangre ayuda a transportar nutrientes y energía a nuestro organismo. El agua también aleja de nuestras células los productos de desecho para su excreción. El agua ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo.

La pérdida de un 20% de agua del cuerpo puede causar la muerte. Es posible sobrevivir varias semanas sin alimento pero no es posible sobrevivir más de algunos días sin agua. “El agua, sin duda alguna, es vida”.

Por eso hoy, presentamos esta histórica resolución a consideración del plenario de la Asamblea General los Estados copatrocinadores de:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Eritrea, el Estado Plurinational de Bolivia, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, la República Bolivariana de Venezuela, y Yemen.

El derecho a la salud fue originalmente reconocido en 1946 por la Organización Mundial de la Salud. En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos declaró entre otros el “derecho a la vida”, el “derecho a la educación” y el “derecho al trabajo”. En 1966 se avanzó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales con el reconocimiento entre varios otros del “derecho a la seguridad social”, y “el derecho a un nivel de vida adecuado” que incluye una alimentación, vestido y vivienda adecuados.

Sin embargo el “derecho humano al agua” ha seguido sin ser reconocido plenamente aunque existen claras referencias en varios instrumentos internacionales como: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por eso los copatrocinadores presentamos esta resolución para que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento en momentos en los cuales las enfermedades provocadas por falta de agua potable y saneamiento provocan más muertes que cualquiera de las guerras.

Cada año más de 3 millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada.

La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata más niños que el SIDA, la malaria y la viruela juntos.

A nivel mundial aproximadamente una de cada 8 personas no tiene agua potable.

En solo un día más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares.

La situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor porque afecta a 2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la población mundial.

Según el Informe de la Experta Independiente sobre saneamiento que ha sido un importante aporte para esta resolución y que contribuirá aun mas a su implementación:

“El saneamiento, más que muchos otras cuestiones de derechos humanos, evoca el concepto de la dignidad humana; se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día cuando, una vez más, se ven obligadas a defecar al aire libre, en un cubo o una bolsa de plástico. Es lo indigno de esta situación lo que causa vergüenza.”

La gran mayoría de enfermedades en el mundo son causados por materia fecal. Se estima que el saneamiento podría reducir en más de un tercio las muertes niños por diarrea.

En todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y la falta de saneamiento.

Señor Presidente:

Los derechos humanos no nacieron como conceptos totalmente desarrollados, son fruto de una construcción dada por la realidad y la experiencia. Por ejemplo el derecho humano a la educación y al trabajo que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se fueron construyendo y precisando en el tiempo, con el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros instrumentos internacionales tales como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo mismo ocurrirá con el derecho humano al agua y al saneamiento.

Por eso saludamos y alentamos en el tercer párrafo operativo de esta resolución a que la experta independiente siga trabajando en todos los aspectos de su mandato y presente a la Asamblea General las principales dificultades relacionadas con la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento, y el efecto de éstas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Cumbre Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio está muy próxima y es necesario dar una señal muy clara al mundo de que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano, y que vamos a hacer todo lo posible para avanzar en la consecución de esta meta para la cual apenas nos quedan 5 años.

Por eso la importancia del segundo párrafo operativo de la resolución que exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

Toda resolución tiene un corazón. Y el corazón de esta resolución está en su primer párrafo operativo. A lo largo de varias consultas informales hemos buscado acomodar las diferentes preocupaciones de los Estados Miembros, dejando de lado las cuestiones que no son propias de esta resolución y buscando siempre el equilibrio sin perder la esencia de esta resolución.

El derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el disfrute pleno de la vida.

El agua potable y el saneamiento no son solamente elementos o componentes principales de otros derechos como “el derecho a un nivel de vida adecuado”. El derecho al agua potable y al saneamiento son derechos independientes que como tal deben ser reconocidos. No es suficiente exhortar a los Estados a que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos relativas al acceso al agua potable y al saneamiento. Es necesario convocar a los Estados a promover y proteger el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

Señor Presidente:

Nuevamente y siguiendo el camino transparente de buscar siempre un amplio entendimiento y sin que se pierda la perspectiva sobre la esencia misma de este proyecto de resolución, a nombre de los copatrocinadores queremos proponer una enmienda oral al primer párrafo de la parte resolutiva para reemplazar el termino “declarar” por la expresión “reconocer.”

Señor Presidente:

Antes de pasar a considerar esta resolución quiero traer a la mente de todas delegaciones que, según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF que lleva por título “Diarrea: Porqué los niños siguen muriendo y que se puede hacer”: cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos.

Uno, dos, tres…

Como dice mi pueblo “Ahora es cuando”

Muchas gracias.

Nueva York, 28 de Julio 2010.

Estimados Sr. Ministro Rodas y demás miembros de CONAMIGUA:

La semana pasada, el Ing. Raúl Molina Mejía, Secretario de Relaciones Internacionales de la RPDG, se dirigió al Sr. Ministro Rodas, para sugerir una vez mas que se modificaran las condiciones para la elección de representantes suplentes de los migrantes ante el Consejo Asesor en los consulados en donde no se pudieron elegir el 15 de mayo pasado. En intercambio de cartas posterior, quedo el plazo, el lunes, 26 de julio, para recibir una respuesta sustancial de parte de CONAMIGUA y el MINEX.

Al no producirse una respuesta satisfactoria a nuestras preocupaciones por hacer que el Consejo Asesor sea un órgano que goce de legitimidad, representatividad y credibilidad, nos vemos en la necesidad de dirigir esta carta abierta, para manifestar nuestro rechazo a los procesos electorales establecidos por CONAMIGUA y el MINEX. De esa manera, desconocemos, nuevamente, las “elecciones” de mayo y no participaremos ni avalaremos las elecciones programadas para el 31 de julio.

Con suficiente anticipación a los eventos de mayo, hicimos notar que si se procedía a la “elección” en la forma definida en el Reglamento del Consejo Asesor de CONAMIGUA, se iba a terminar teniendo un Consejo Asesor rechazado por muchas organizaciones guatemaltecas en el exterior y sin autoridad moral frente a los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos; por lo consiguiente, anticipamos que no tendría ni representatividad ni legitimidad.

Nos hemos preocupado de analizar la información contenida en las actas de los eventos electorales del 15 de mayo y sus resultados nos dan toda la razón. La información aparece en el cuadro correspondiente. La información que CONAMIGUA nos ha proporcionado sobre las elecciones recién realizadas abonan totalmente a nuestro favor. Se las resumimos acá:

Supuestas elecciones de representantes de migrantes ante el Consejo Asesor de CONAMIGUA:

Como indicara un observador de unos de los procesos, de no ser por la burla de democracia que estos procesos han sido, los resultados serian risibles. Adicionalmente, es evidente que pocas de las organizaciones finalmente aceptadas para participar cumplieron con el requisito de realizar una asamblea general de 50 guatemaltecos, como establece el Reglamento del Consejo Asesor. En Nueva York y Rhode Island hay serias dudas sobre varias de las organizaciones autorizadas a participar y creemos que lo mismo ocurre en otros consulados.

Como adelantara el Ing. Molina, a la RPDG no le interesa solamente señalar los problemas, sino que trata de resolverlos. Por ello, avalamos su propuesta de llevar adelante un proceso para la acreditación del Consejo Asesor ante las comunidades de migrantes:

a) Es obvio que si CONAMIGUA establece los reglamentos también puede modificarlos, suspender temporalmente algunos de sus artículos e inclusive derogar por completo dicha normativa, particularmente cuando se refiere a un subconjunto del Consejo, tal el caso del Consejo Asesor. Lo único que se requiere es voluntad política, justificada por la búsqueda del bien común.

En este sentido, para la elección de representantes suplentes, pedimos que quede en suspenso el artículo que se refiere a las organizaciones que pueden presentar candidatos y elegir. Queremos apertura total: todas las organizaciones guatemaltecas que han tenido relaciones de trabajo con su respectivo consulado tienen el derecho de proponer candidatos y elegir. Así de simple. Con esa modificación, la RPDG está dispuesta a participar en los consulados que le correspondan.

b) Lo anterior resolvería, por ahora, el problema de las próximas elecciones de delegados suplentes.

Qué hacer con los delegados electos en forma antidemocrática anteriormente? Reiteramos la propuesta que anteriormente ya hicimos llegar de diversas maneras, que consiste en realizar un Congreso, en los Estados Unidos, en alguna ciudad del noreste

(Menos riesgos para los indocumentados), con participación amplia de organizaciones guatemaltecas, incluidas las tres redes (CONGUATE; MIGUA; y la RPDG), CONAMIGUA y las mesas consulares y que ahí, por votación, se ratifique a los electos o, si no son aceptables, que se pida nueva elección donde sea necesario. Desde luego, el objetivo principal de la reunión no sería esta especie de referendo. Creemos que la temática del Congreso, que proponemos que se realice en el mes de agosto, debiese ser: i) TPS; ii) Reforma migratoria en los Estados Unidos; iii) Reforma de la Ley de CONAMIGUA y sus Reglamentos; y iv) Voto y representación de los guatemaltecos en el extranjero.

Atentamente,

Erasmo Morales, Presidente de la RPDG

Economía: Pérdidas por Q378.8 millones y 68 mil 827 familias afectadas en el sector agropecuario, hidrobiológico e infraestructura de riego reporta el Ministerio de Agricultura, por los desastres naturales recientes.

POR ROSA MA. BOLAÑOS

Según esa dependencia, se requiere un presupuesto de Q372 millones para apoyar la recuperación de cosechas e infraestructura.

Detalle de daños

Juan Alfonso De León, ministro de Agricultura, informó que los más afectados son los productos agrícolas, con pérdidas por Q326 millones en 69 cultivos, en especial maíz.

En agricultura se reportan 38 mil 532 hectáreas de cultivos y cuatro millones 296 mil 422 quintales dañados.

Los pecuarios fueron perjudicados con pérdidas de Q8.7 millones, Q8.3 millones en hidrobiológicos y Q35.6 millones en unidades de riego. Las familias que sufrieron estos daños suman 68 mil 827.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) cuentan entre las pérdidas los efectos de la erupción del Volcán de Pacaya, así como el paso de la tormenta Ágatha, hace tres semanas.

De León explicó que se requiere de Q372 millones, monto que ha sido solicitado en el plan de reconstrucción.

En el 2010 se tiene un presupuesto de Q8 millones, lo cual es insuficiente, explicó el ministro; indicó que buscan más presupuesto para el 2011, ya que tienen el proyecto de la siembra de 10 mil plantas e impulsar una iniciativa de ley del manejo de suelos, además de iniciar con el cuidado de la cuenca del río Motagua.

“Los grandes efectos por los deslaves y deslizamientos de grandes cantidades de tierra son consecuencia de que muchas áreas han sido deforestadas, y nosotros como país no hemos tenido un impacto fuerte en el tema de conservación de suelos, por lo que Guatemala pierde millones de toneladas de tierra fértil”, refirió De León.

El funcionario aceptó las críticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la mala administración de al menos 35 cuencas. Explicó que desde 1996 se debilitó el manejo y que, aunque en el 2005 comenzó un programa para el cuidado de las cuencas, este no ha sido suficiente.

Productos afectados

En los detalles ofrecidos por el ministro se indicó que, de toda el área afectada, 26 mil 40 hectáreas son de maíz, con pérdidas de un millón 87 mil 426 quintales, por un monto de Q81.5 millones.

Los cálculos se efectúan con base en el costo de producción y fase del cultivo, afirmó.

De León dijo que para el maíz por ahora se utiliza la cosecha levantada de enero a abril y que el impacto podría percibirse en noviembre.

Sin embargo, aseguró que se impulsa la resiembra del grano con semillas de corto ciclo agrícola, con los cuales se espera recuperar de 60 a 70 por ciento del área dañada e intentar que se tengan cosechas en octubre.

Agregó que, de las pérdidas de ese grano, el 20 por ciento ocurrió en el altiplano.

De frijol se perdieron 20 mil 990 quintales, por Q3.6 millones.

En el caso de las hortalizas, refirió que probablemente habrá momentos de menor producción, pero “no es para preocuparnos”, ya que se busca recuperar la producción.

Las hortalizas se recuperan en 28, 40 y 50 días, “es decir que los momentos no van a ser tan amplios como para poder afectar la economía guatemalteca”, aseveró.

En pérdidas económicas, al maíz le siguen el plátano, sandía, café, tomate, mango, así como varias frutas, vegetales y verduras, tanto de consumo local como de exportación.

Fueron afectados 21 de los 22 departamentos del país. Escuintla tuvo la mayor pérdida económica, con Q66.9 millones, Zacapa, Q51 millones; y El Progreso, Q50.9 millones.

http://www.prensalibre.com/economia/Danos-alcanzan-Q3788-millones_0_284971507.html

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• Los Esclavos
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• Villa Canales
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• Tecpán
• Zacapa
• Zona 2
• Zona 5

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Los daños ocasionados por la tormenta tropical Ágatha a la economía del país superan los Q1 mil millones, según una evaluación efectuada ayer por el Gabinete de Gobierno.

POR GEOVANNI CONTRERAS

“La estimación que tenemos, aunque todavía no es definitiva, es que los daños ya superan los Q1 mil millones”, dijo un ministro que prefirió no ser identificado.

El Gabinete de Gobierno se reunió para continuar con la afinación del plan de reconstrucción, luego de la tormenta tropical.

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación de la Presidencia, expuso que la cuantificación ya está“avanzada”, pero no quiso dar números precisos.

Expertos de la Comisión Económica para América Latina tienen previsto visitar en los próximos días Guatemala, para analizar las pérdidas.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores informó la semana recién pasada que hubo grandes pérdidas en minivegetales, café, flores y follajes, frutas y camarón.

Esta asociación informó que el 75 por ciento de la próxima cosecha de camarón se perdió.

Ágatha causó también fuertes daños en la infraestructura vial y en numerosos puentes.

Informe de Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) señaló en su último informe, dado a conocer el martes recién pasado, que Ágatha dejó 174 muertos, 113 desaparecidos y 154 lesionados.

El documento da cuenta de que existen 133 mil 102 personas en riesgo; 397 mil 808 afectadas; 104 mil 639 damnificadas; 162 mil 857 evacuadas y 27 mil 823 permanecen en los 218 albergues habilitados en el país.

La Conred también registró que la tormenta ocasionó daños leves a 18 mil 753 viviendas; moderados a 10 mil 605, y severos a nueve mil 802. Esto da un total de 39 mil 160 casas afectadas.

Agregó que se mantiene la alerta para brindar atención a la población afectada y procurar alimentos y recursos a las comunidades que fueron castigadas por la tormenta.

La Conred reportó daños en 22 departamentos y 200 municipios, y que fueron severos para la producción de maíz, frijol, tomate, papa, cebolla, zanahoria, frutas y café.

Además, empresas procesadoras de lácteos y derivados calcularon sus pérdidas en Q500 mil, en maquinaria y equipo, debido a las inundaciones.

Cooperativas agrícolas reportaron pérdidas en ocho mil cuerdas de maíz, con un valor aproximado de Q48 mil, y en hortalizas, en 350 cuerdas, por Q250 mil.

En café se dejaron de percibir alrededor de Q238 millones por ese fenómeno meteorológico.

Economía: Al menos 200 municipios —de 333 que conforman el país— reportan daños y pérdidas en sus cultivos, según un informe preliminar que el Ministerio de Agricultura presentó a la FAO.

POR ROSA MARÍA BOLAÑOS

Los departamentos más afectados son Chiquimula, Izabal, Sacatepéquez, Quetzaltenango, El Progreso, Quiché, Sololá, San Marcos, Totonicapán y Huehuetenango, indicó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su segundo boletín de situación por la tormenta Ágatha.

Los cultivos más perjudicados el son maíz, frijol, tomate, papa, cebolla, zanahoria, frutales y café, entre otros.

El ministro de Agricultura, Juan Alfonso De León, confirmó los daños, aunque refirió que aún no poseen montos de pérdidas. Resaltó que los cultivos más afectados son los granos básicos y el banano.

“El banano tiene pérdidas —incluso— mayores que el café, ya que se inundó la parte sur y del Atlántico del país”, agregó el funcionario.

Anacafé informó esta semana que las pérdidas del grano ascienden a Q238.8 millones. La azúcar y palma africana no reportaron pérdidas. Otros de consumo local y de exportación —como verduras, minivegetales y hortalizas— también tienen daños en miles de manzanas de cultivo.

http://www.prensalibre.com/economia/Danos-municipios_0_274772522.html

Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales

Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana

-PSCC-

Madrid, Mayo del 2010

Unión FENOSA en el banquillo de los acusados

Del 13 al 18 de Mayo del 2010, en Madrid, nos reunimos cientos de organizaciones de Las Américas, de España y de otros países del mundo. Aunados por lazos de identidad ideológica pero, además, en un marco de enriquecedora diversidad de pensamiento y de prácticas, abordamos un amplio conjunto de temas que son generadores de graves problemas en nuestras sociedades, cuyo peso negativo recae, con especial énfasis, sobre los de por sí cargados hombros de los sectores populares en cada uno de nuestros países.

Esta iniciativa, que se denomina “Enlazando Alternativas”, a todas luces facilita el que las distintas organizaciones de cada país, de cada región, de cada Continente, encontremos afinidades, puntos de vista en común y, a partir de los mismos, iniciemos un progresivo proceso de acercamientos, de generación de confianzas y de implementación de acciones solidarias. Desde este espacio pueden derivarse, como en la práctica ocurrió, procesos de fortalecimiento de las luchas que cada una de las organizaciones presentes emprende.

Permite, pues, viajar al encuentro con la auténtica solidaridad, es decir, aquella que se construye hombro con hombro, luchando en conjunto sobre la base del apoyo mutuo, del respeto recíproco. Ese logro, por sí mismo, le otorga un gran valor al evento.

En su marco, se desarrolló también el “Tribunal Permanente de Los Pueblos”, instancia que centró su enfoque alrededor del nefasto papel que juegan las empresas transnacionales europeas y su impacto sobre las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos.

Por invitación de la Asociación de Amistad con el Pueblo de Guatemala, de CEDSALA, del Comité de Solidaridad de Zaragoza, de Entrepueblos y del Observatorio de la Deuda, el Frente Nacional de Lucha estuvo presente en el desarrollo de la actividad desde su fase preparatoria, trabajando codo a codo con cada una de las organizaciones mencionadas.

Pero, además, por consenso entre las organizaciones guatemaltecas, mexicanas, colombianas y nicaragüenses participantes, al FNL le correspondió presentar el caso contra Unión FENOSA en representación de todos estos países.

En síntesis, los planteamientos expuestos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, previamente consensuados, fueron los siguientes:

1.- En primer lugar se estableció que, aunque la acusación se presenta de manera directa contra Unión FENOSA, también lo es contra las élites y los Gobiernos locales, contra la Unión Europea, contra el Gobierno Español y contra los Organismos Financieros Internacionales, cuya evidente complicidad allana el camino para que la codicia de las transnacionales haga sangrar a nuestros pueblos. Se han convertido en cómplices y, como tal, deben ser juzgados y deben asumir las responsabilidades que se derivan de su cuota de participación en ese proceso.

2.- Se acusa, de manera enfática, a Unión FENOSA porque, desde su propia iniciativa, promueve e incluso impone a los gobiernos locales políticas energéticas y de inversión que sólo favorecen sus intereses egoístas, a pesar de que con ello lesionan de manera flagrante las condiciones de vida de los pueblos. Tal es el caso, para citar un par de ejemplos, de la reconversión de la matriz energética en Guatemala, en donde se construyen ya plantas carboneras, o de la privatización de Luz y Fuerza en México, que generó el despido de 44 mil trabajadores.

3.- Se acusa a la misma empresa por cuanto se trata de una transnacional que, sin que esté éticamente facultada para hacerlo, asume un rol sustitutivo del papel que, por ley, le corresponde desempeñar al Estado. Así ocurre, por ejemplo, en Guatemala, en donde Unión FENOSA es la empresa que abre, recibe y define los procesos de licitación para la generación energética, tarea que, bajo ninguna lógica, debería corresponderle.

4.- Se acusa a Unión FENOSA de haberse constituido en una empresa profundamente lesiva para el interés nacional por cuanto, en cada país en donde se asienta, viola cotidiana e impunemente un vasto conjunto de derechos que son patrimonio irrenunciable de la población.

• Mano a mano con sus socios locales, incluidos los Gobiernos y los cipayos que le sirven fielmente, con toda impunidad viola derechos civiles y políticos.

• Llega incluso a mancharse sus manos con sangre. En Guatemala, en los últimos seis meses han sido asesinados, de manera brutal, ocho dirigentes populares que se habían colocado al frente de la lucha de sus pueblos por expulsar a esta transnacional. En la medida en que estos crímenes sigan amparados bajo un denso manto de impunidad y se desconozca a ciencia cierta la autoría material e intelectual de cada uno de ellos, Unión FENOSA será señalada como posible responsable. Este reiterado ataque contra el derecho superior a la vida, resulta simplemente inaceptable. En Colombia, han perecido más de 150 personas electrocutadas como consecuencia del pésimo mantenimiento en las líneas de transmisión eléctrica.

• De manera silenciosa pero no por ello menos cuestionable, la empresa actúa en pleno contubernio con las redes del crimen organizado, valiéndose de las mismas para sembrar terror e intimidar a las organizaciones del pueblo que se oponen a su presencia. En Guatemala, los sicarios del narcotráfico visitan aldea por aldea, dejando a los vecinos el mensaje de que deben aceptar, sin protestar, las imposiciones de la empresa. En Colombia, los fondos de la empresa financian bandas paramilitares de derecha que siembran terror y muerte entre la población.

• Es parte e incluso promueve, desde su posición de poder, un creciente proceso de criminalización de las luchas populares. En esto, llega al extremo de utilizar a los gobiernos locales en calidad de peones colocados al servicio de su ajedrez particular. En Guatemala, en respuesta a presiones emanadas desde la transnacional, el Gobierno ha emitido 250 órdenes de captura contra dirigentes populares cuyo único delito es el de haberse colocado al frente de las luchas de su pueblo.

• Adoptando una práctica absolutamente injerencista, Unión FENOSA se inmiscuye en asuntos internos propios de los países en los que sienta sus bases. Llega incluso al extremo, como ocurre en Colombia, de tomar parte en el conflicto armado interno y financiar, desde su propio peculio, a grupos armados que sirven de contención a la insurrección popular que está en curso.

5.- Se acusa a Unión FENOSA de ser una entidad inaceptablemente violatoria de los derechos laborales. Ha emprendido campañas que sólo pueden calificarse como de  persecución sindical. Al punto de que, en el seno del parlamento Europeo, por iniciativa del europarlamentario Raúl Romeva, fue presentada una denuncia por amenazas de muerte de la empresa en contra de los dirigentes sindicales en Guatemala. En México, provocó el despido de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza, forzándolos a una fuerte lucha que todavía está en curso.

6.- Se acusa a Unión FENOSA de violar, de manera cotidiana, los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

• Los continuos cobros abusivos e ilegales que forman parte de su práctica empresarial generan un mayor empobrecimiento entre los sectores populares. Decenas de miles de familias simplemente dejan de comprar sus alimentos con tal de poder pagar la luz. Con ello, la transnacional incrementa los índices de desnutrición infantil, de pobreza y de pobreza extrema, entre otros.

• En Guatemala, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica reportó que, en el año 2009, recibió 304.281 reclamos de usuarios descontentos por la calidad del servicio y los abusos en la facturación. Esa cifra es inmensa. La misma Comisión, en un 86% de los casos, concedió la razón a los usuarios y resolvió a su favor. 64 mil de estos reclamos fueron por intento de robo.

• Unión FENOSA, en todos los países donde opera, es responsable de provocar un inmenso daño ambiental, imposible de ser reparado. Sólo en Guatemala, dio auspicio a la construcción y pronta entrada en operaciones de dos plantas carboneras, generadoras de altos niveles de contaminación, con lo cual se envenenarán el aire, el agua y la tierra de las zonas que afectarán con sus emanaciones.

• Es una empresa incapaz de cumplir los acuerdos y compromisos que asume con la comunidad y sus organizaciones. Una y otra vez ha buscado contener la cólera social por la vía de la apertura de mesas de diálogo estériles, que emplea en calidad de trampas desmovilizadoras y dilatorias, a sabiendas de que de las mismas no saldrá nada, absolutamente nada, que afecte ni un ápice sus privilegios.

7.- Se acusa a Unión FENOSA de convertirse en una fuente de desestabilización que impide la construcción de auténticas democracias. La cólera social que genera con sus prácticas es acumulativa y puede llegar el momento en que se desborde, generándose estallidos sociales de consecuencias imprevisibles.

Partiéndose de lo anterior, se solicitó al Tribunal Permanente de los Pueblos que declare la lesividad de esta Empresa, que la condene y que demande, en las instancias internacionales que corresponda, tanto el retiro de Unión FENOSA como el resarcimiento a las poblaciones cuyos derechos ha lesionado.

Se solicitó, asimismo, que condene con firmeza a los cómplices de esta transnacional y los conmine a que asuman sus responsabilidades civiles y penales por su actuación en esta materia.

E instamos a los pueblos del Continente Americano a que sigan firmes en su lucha. Que nadie se rinda ni doblegue. La dignidad de los pueblos es una causa noble y vale la pena defenderla.

Ahora, más que antes, sabremos darnos la mano y emprender, juntos, las tareas necesarias que conducirán a que Unión

FENOSA, con todos sus bártulos, se suba en la Niña, la Pinta y la Santa María y se regrese, derrotada, al Puerto de Palos, desde nunca debió haber salido.

¡Unión FENOSA: FUERA!

¡La Lucha Sigue!

Redacción La Hora / lahora@lahora.com.gt

MINERÍA: Revelan que efectos podrían durar varias década

Científicos de Salud Ambiental de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, informan que muestras de orina y sangre de vecinos de la Mina Marlin en Guatemala indican niveles más elevados de metales potencialmente tóxicos, que las de personas que residen más alejadas de la mina.

En cuanto a los impactos en el ambiente, los investigadores también informan que hay diferencias importantes en la calidad de muestras de agua tomadas en quebradas mina abajo, comparadas con muestras de un sitio mina arriba, y de un río mina abajo, pero más alejado. Los científicos advierten que la exposición a metales causada por la mina probablemente aumentará con el tiempo, y puede perdurar durante décadas.

“Poco se sabe sobre los impactos cumulativos y combinados en la salud humana -especialmente de niños- luego de exposición crónica a mezclas complejas en el mundo real,” dijo Howard Hu, director del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Michigan, coautor del informe sobre la Mina Marlin, junto con Niladri Basu, catedrático auxiliar de Ciencias de Salud Ambiental en el mismo Departamento.

“Por lo tanto, es imprescindible que se realicen estudios epidemiológicos y ambientales, de gran escala y de larga duración, para hacer un seguimiento,” dijo Basu.

El estudio científico, coordinado y publicado hoy, por Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos), analiza los impactos en la salud y en el ambiente de la Mina Marlin, propiedad de la empresa Goldcorp de Canadá, por medio de su subsidiario guatemalteco, Montana Exploradora, Inc.

El estudio concluye que una muestra de vecinos de la mina tiene niveles más elevados de mercurio, cobre, arsénico y zinc en la orina, y de plomo en la sangre, que una muestra de personas que viven a siete kilómetros de distancia de la mina.

Un equipo que incluye el investigador principal del estudio, presentó hoy las conclusiones a las comunidades cercanas de la mina en San Miguel Ixtahuacán. Algunos miembros de las comunidades se preocupaban si algunas enfermedades fueran causadas por la mina.

El estudio advierte que no queda claro si la magnitud actual de las elevaciones en los niveles de materiales tóxicos constituye una amenaza importante a la salud. Aún cuando cada metal en cuestión es tóxico en niveles suficiente altos, ninguno de los niveles en el estudio sobrepasó los niveles considerados aceptables por el Centro de Control y Prevención de la Enfermedad de los Estados Unidos, y por estándares científicos ampliamente reconocidos.

La Mina Marlin comenzó a funcionar en el 2005 y se espera que continúe en operaciones durante la mayor parte de la década actual.

RECOMENDACIONES

El estudio recomienda que las investigaciones de seguimiento de salud y del medioambiente sean supervisados por una comisión independiente. “Este panel permitirá un foro transparente que facilite el diálogo en confianza entre las partes interesadas”, dice el informe.

Al publicar el estudio, Physicians for Human Rights comentó que el informe implica un mensaje implícito al gobierno de Guatemala sobre sus deberes hacia los ciudadanos. “El Estado es responsable, no solo de proteger a los ciudadanos frente a los daños en la salud por la posible contaminación ambiental, sino también tiene deberes positivos para prevenir nuevos riesgos a la salud, que pueden ser causados por esta y otras minas,” dijo Susannah Sirkin, sub-directora de Physicians for Human Rights.

Los autores advierten que el estudio, que analiza muestras tomadas a 23 personas en la vecindad de la mina durante una semana en agosto de 2009, no puede verse como definitivo, sino que debe de ser visto como una investigación preliminar y de referencia. No obstante, los resultados “otorgaron patrones cualitativos y generales que permiten elaborar conclusiones.”

Muestras tomadas de quebradas cerca de la mina tienen niveles considerablemente más altos de pH (una medida de ácido), conductividad y temperatura, así como de aluminio, manganeso, cobalto y, en una quebrada, arsénico. Además, los investigadores comparan una muestra de trabajadores de la mina con una muestra de personas que no trabajan en la mina, y no encuentran ninguna diferencia importante entre los niveles de metales pesados en la orina y sangre. Esto es debido a que los trabajadores de la mina tienen acceso a una dieta mejor y a servicios médicos proporcionados por la administración de la mina, se consideran en mejores condiciones generales de salud.

El estudio no encuentra relación importante entre niveles de metales pesados y las erupciones severas de piel y enfermedades respiratorias sufridas por algunas personas que residen cerca de la mina, sobre todo niños y ancianos. Cabe aclarar, sin embargo, que el estudio no tomó muestras de orina o de sangre de niños, debido al protocolo de consentimiento informado aprobado por el “Institucional Review Board” de la Universidad. Ni tampoco se tomaron muestras de las personas que se habían quejado de tales enfermedades. Erupciones de piel y efectos respiratorios, observa el estudio, son compatibles con exposición a cianuro, que se utiliza en la mina, pero que no fue analizado por el estudio.

INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó a solicitud del Panel Independiente Internacional sobre los Impactos en los Derechos Humanos de la Mina Marlin. El Panel se integra por tres abogados académicos de la Universidad de Notre Dame, y por un abogado de Oxfam Américas. El Panel tomará en cuenta el estudio como un elemento de su análisis. Financiamiento para el estudio se proporcionó por la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, D.C.

El Panel contrató con Physicians for Human Rights y el equipo de la Universidad de Michigan para realizar un análisis independiente e imparcial sobre los impactos de la mina en la salud y en el medioambiente. Physicians for Human Rights moviliza a los profesionales de salud para promover la salud y la dignidad de todos, por medio de la protección a los derechos humanos. La organización compartió el Premio Nobel de la Paz en 1997. La Mina Marlin se ubica en el Departamento de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Cuenta tanto con una mina superficial como con una mina subterránea. Se utiliza un proceso con cianuro para extraer oro y plata de la roca.

REACCIONES

Al ser consultado Jorge Mario Sandoval, asesor jurídico de Montana Exploradora, indicó que “metales existen en todos los ríos de Guatemala. Alrededor de la mina Marlin existen metales en los cuerpos hídricos. La información disponible lo demuestra. La líneas base de agua de Marlin y que se reflejó la presencia de metales en las aguas antes que éstos lleguen a la mina”.

Asimismo, Sandoval explicó que la mina no ha realizado ninguna descarga de aguas residuales al medio ambiente hasta la fecha y la calidad del agua no ha sido afectada por las actividades mineras en la zona.

“Estos datos son consistentes con el programa de monitoreo de los trabajadores en Marlin. La política de la empresa contiene un programa de muestreo de sangre y orina de los trabajadores expuestos a minerales cada seis meses. Las muestras son analizadas en el Departamento de Toxicología de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala, los parámetros analizados son plomo, hierro, mercurio, y cobre. Los resultados revelan niveles de metales pesados por debajo de los niveles aceptables en el programa de monitoreo en Marlin. Informes científicos para probar que niveles de metales pesados en los trabajadores son por debajo de los límites aceptables. Adicionalmente varias entidades del gobierno Guatemalteco tienen los datos confirmando que no hay cambios en la calidad del agua”, explica el asesor jurídico.

También indicó que las poblaciones cercanas a la mina, no consumen el agua de los ríos, ello tienen nacimientos de agua propios. Estudios han comprobado que la actividad de la Mina Marlin no afecta de ninguna manera los nacimientos de las comunidades ni la calidad del agua de los ríos de la zona.

Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, indicó que la cartera no conoce el estudio en cuestión, pero que tomará en cuenta la información para realizar el análisis respectivo.

Asimismo, manifestó que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud y con la Comisión de Transparencia del Congreso, en donde además se encuentran los Ministerios de Comunicaciones y Ambiente.

Además, indicó que se realizan los monitoreos necesarios en las aguas cercanas a la Mina Marlin y que hasta el momento no se han presentado resultados de que estas podrían causar algún problema a la población.

Diario La Hora intentó obtener la reacción de los ministros de Salud y de Ambiente, pero no respondieron a las llamadas telefónicas.

CAMPESINOS Rompen diálogo

Organizaciones indígenas se niegan a la instalación de una mesa de diálogo ante la no suspensión de actividades mineras en el país.

La Coordinación y Convergencia Maya Waqib´ Kej se negó a la instalación de una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que es una maniobra en vista de que la petición número 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es suspender las actividades mineras en San Juan Sacatepéquez y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, como lo recomendó la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT.

La experiencia de diálogo ha sido un total fracaso, ya que el Gobierno se ha limitado a hacer ofertas de proyectos y engaños para que las comunidades cedan la instalación de Cementos Progreso.

También exigieron que todo diálogo se lleve a cabo sin amenazas, intimidaciones y persecuciones, pues cada vez que finaliza una reunión se sufre de estas violaciones, como el aparecimiento de volantes en las comunidades, donde son amenazados.

http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=67036&fch=2010-05-18

Las 12 comunidades del Occidente de San Juan Sacatepéquez Q’AMOLON Q’I y la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej

A los medios de comunicación y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales

Denunciamos:

1. A tres días de haberse realizado las movilizaciones a nivel Nacional en demanda del Cumplimiento de las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y del Comité contra todas formas de Discriminación Racial –CERD- en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, La comunidad San Antonio las Trojes 1, en la madrugada del día domingo 25 del abril, se vio sorprendida por actos violentos causados por parte de empleados y miembros de la seguridad privada de la Empresa Cementos Progreso S.A.

2. En la movilización realizada el 22 de abril se visitaron embajadas de países que cuentan con empresas de capital trasnacional y que están instaladas en nuestro país con el objetivo de realizar explotación minera, estas visitas fueron para solicitar la suspensión de cualquier apoyo a dichas empresas que no respetan la voluntad de las comunidades ya que en las consultas realizadas han dado un NO rotundo a la Explotación. Ante ello, consideramos que estas visitas ha generado descontento en la Empresa Cementos Progreso S.A. por lo que han tomando medidas de represarías en contra de las comunidades generando terror, pánico y violencia en las comunidades para evitar y frenar las luchas en defensa de la Madre Tierra.

3. Durante la madrugada del domingo 25 de abril, se vivieron horas de pánico generados por disparos, amenazas verbales, insultos hacia miembros de las comunidades y agresiones donde resultara herido nuestro compañero Macario García Camey herido a la altura de la cabeza con machete por parte de los agresores. Estas agresiones dieron inicio a la1:00 a.m.

4. La falta de accionar de la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- por no atender con prontitud la solicitud de hacerse presente en el lugar de los hechos.

Ante estos actos violentos Demandamos:

1. La pronta suspensión y cancelación de la licencia de explotación de la empresa Cementos Progreso por romper con el orden social de las comunidades confrontando a los mismos comunitarios y generando violencia. Desde ya responsabilizamos a Cementos Progresos por la actual y Futuras agresiones.

2. La intervención del MP y capturar de los hechores materiales e intelectuales que pusieron en riesgo la vida de nuestro compañero Macario García Camey por intento de asesinato.

3. Al Estado de Guatemala el pleno reconocimiento de las consultas comunitarias y el cumplimiento de la solicitud de la OIT y las observaciones del CERD.

PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, DE LA RESISTENCIA AL PODER!

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Comunicación: WAQIB’ KEJ

www.waqib-kej.org

Tel: 2434-9754, 2438-1424 ext. 20

Fax: 24349500

Por Eduardo Gudynas | Analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

ALAI AMLATINA, 18/04/2010.- Es necesario un cambio radical en la forma de valorar el ambiente que nos rodea y a los recursos naturales que alberga la Naturaleza. La persistente crisis ecológica no es sólo el resultado de fallas técnicas o incapacidades en el monitoreo ambiental, sino que sus raíces profundas se encuentran en valorar a todo lo que nos rodea según su utilidad o rentabilidad.

Por lo tanto, la discusión sobre los derechos de la Naturaleza, tal como se propone en el encuentro de Cochabamba (Bolivia), es un paso adelante hacia una postura ética que reconoce los valores propios en el ambiente, independientes de su beneficio o utilidad para las personas. Si bien esto puede parecer muy sencillo, en realidad implica un cambio radical en cómo se asignan los valores, con implicaciones que van desde la economía a las prácticas políticas.

Los derechos de la Naturaleza se expresan en múltiples escalas. Es tanto un asunto global, tal como se observa en el énfasis del encuentro de Cochabamba sobre cambio climático, pero también tiene implicancias y urgencias a nivel continental, nacional y local.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la insistencia en los cambios del clima planetario ha servido de excusa para dejar de lado esas otras escalas. No recibe toda la atención que merecen los evidentes problemas ambientales a escala continental. Entre ellos, en América del Sur, el avance de la deforestación en las zonas andino amazónicas está cambiando la dinámica climática regional, y parecería que es uno de los factores que explican los cambios en el régimen de lluvias en la vertiente atlántica del Cono Sur.

Tampoco deben olvidarse los problemas ambientales a escala nacional y local. No es posible desatender serios impactos como la deforestación, el incremento vertiginoso en el uso de agrotóxicos o las serias limitaciones en manejar los residuos urbanos.

De esta manera, cada escala está estrechamente enlazada con las otras, y en todas ellas está presente la problemática de la ética ambiental. El utilitarismo que está detrás de la deforestación o la expansión de los monocultivos, tienen clarísimos efectos locales, pero también son las principales fuentes de emisión de gases con efecto invernadero desde América del Sur. Por lo tanto, si en Cochabamba se va a discutir el cambio climático global en serio, el debate también debe abarcar a nuestros propios países, nuestra propia Madre Tierra. La ética ambiental global va de la mano con una local, y se deben discutir asuntos como el manejo de los suelos, la pérdida de bosques o el papel de las agroexportaciones. Una nueva mirada a los derechos del ambiente planetario no puede generarse desde una ceguera ecológica local.

A ese nivel, los grupos ciudadanos siguen siendo los mejores y más atentos vigilantes de la situación en el ambiente que les rodea. Ellos detectan las contradicciones ecológicas, y permiten crear los necesarios puentes entre las escalas local y nacional, con la planetaria. Un ejemplo de esos vínculos está en la insistencia del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Bolivia, quienes juntos a otras organizaciones ciudadanas, buscan debatir en Cochabamba asuntos como los impactos de la minería, las prospecciones petroleras o los planes de construir represas hidroeléctricas en la Amazonia. En esos y otros casos está en juego la construcción de los derechos de la Naturaleza.

Abandonar la vieja ética de la apropiación y el uso, para incorporar una mirada ambiental, no es fácil para muchas corrientes políticas y allí se generan muchas resistencias. Eso explica que sea más sencillo enarbolar un discurso ambiental a escala global, pero no se logra aplicar ese espíritu a escala nacional y local. Las insistencia de la sociedad civil, como los planteos de organizaciones indígenas como CONAMAQ de Bolivia o CONAIE de Ecuador, obliga a reconectar la problemática ambienta local con la global.

Pero las resistencias son tales, que el presidente Evo Morales frente a esas demandas optaba por advertir sobre la “utilización” de los indígenas a manos del capitalismo global, hasta que finalmente su gobierno decidió excluir los temas nacionales de los debates en Cochabamba. Afirmar que ese tipo de organizaciones y otros grupos ciudadanos estén al favor de un capitalismo depredador o sean partícipes de algún tipo de complot internacional, es insostenible. La propia historia de lucha de esas organizaciones deja en claro que sus objetivos son otros.

Aún más, en esta fase del cambio político bajo gobiernos progresistas, está claro que las demandas ambientales deben ser respondidas con argumentos y medidas efectivas, y no simplemente con slogans mientras persiste la destrucción del ambiente. El resultado es contraproducente, ya que como no aparecen argumentos convincentes para mantener las estrategias extractivistas del pasado ni fructifican otros ensayos más allá de ellas, parecería que se termina dándole la razón a los sectores conservadores que insisten en decir que la izquierda gobernante realmente carece de una propuesta de desarrollo diferente a la de generar múltiples programas de asistencia y bonos sociales.

También parecería que es más sencillo cuestionar los impactos ambientales de las políticas mineras o petroleras en el Perú de Alan García o bajo el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, pero se hace más difícil debatirlas en el caso de Evo Morales, Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. No faltan quienes sostienen que a los ambientalistas nada les conforma, criticando a todos, y no reconocer los cambios sustanciales generados desde el progresismo. Muchos de esos cambios políticos son reales, y no son pocos los que se lograron con el concurso efectivo del ambientalismo como parte de los movimientos sociales volcados al cambio. Pero la advertencia ecológica, y en especial las implicancias de reconocer los derechos de la Naturaleza, van más allá de los programas de gobierno, ya que son más profundas en tanto apuntan a un estilo de desarrollo que defiende valoraciones antropocéntricas y utilitaristas.

La ética de la Naturaleza ataca las raíces del imaginario del progreso material, y esa crítica verde desata muchas resistencias. En ese punto es oportuno apelar a parafrasear un conocido manifiesto, señalando que el fantasma de la crisis ecológica recorre el mundo, donde la radicalidad de los derechos de la Naturaleza es de tal envergadura que los creyentes en los viejos estilos de desarrollo se están uniendo para acosarlo, sean presidentes de la antigua política o líderes de nuevos gobiernos. Hay muchos ejemplos donde unos y otros atacan al ambientalismo, calificándolo unas veces de ser demasiado radical, otras veces de ser conservador, allí lo tildan de utópico, aquí lo denuncian como una barrera al progreso.

Esto deja en claro que la discusión sobre los derechos de la Naturaleza implica desafíos mucho más profundos de lo que usualmente se acepta, involucrando una redefinición de la justicia social para ampliarla al campo ambiental, apuntando a un desarrollo postextractivista bajo nuevas prácticas políticas.

En este debate no se pueden acallar las voces de las organizaciones ciudadanas. Específicamente en el caso del encuentro en Cochabamba, cualquier discusión real sobre los derechos de la Naturaleza no sólo debe profundizar su enfoque planetario, sino que también debe nutrirse de las alertas locales, ya que desde ellas se también se genera una nueva ciudadanía ecológica. Esos y otros debates desatarán incomodidades, y no hay que temerles, ya que el alumbramiento de una nueva ética pasa por romper con viejas ideologías que están profundamente arraigadas en todos nosotros.

Los derechos de la Naturaleza implican un cambio radical sobre los estilos de desarrollo, tanto en sus escalas globales como locales. Ignorar una de esas escalas hace imposible no sólo abordar a las otras, sino que imposibilita una verdadera transformación de nuestra relación con la Naturaleza.