Se inicia un nuevo gobierno en Guatemala, el cual, contrario a lo ocurrido hace cuatro años, no genera mayores expectativas. De hecho, esa es su gran ventaja: pocos esperan desarrollos positivos, excepto la recuperación mínima de la seguridad ciudadana, por lo que mucha gente está dispuesta a darle el beneficio de la duda. No obstante, en nuestro país de “indignados”, ese beneficio de la duda puede durar poco tiempo.
En enero de 2008 la situación era distinta, ya que la UNE se perfilaba como el partido de la “esperanza”, con una gran oportunidad de realizar cambios en nuestro casi caduco Estado. La RPDG, que en la segunda vuelta había volcado sus energías para derrotar a Otto Pérez y al fantasma del militarismo, se situó en una posición abierta a las iniciativas que el gobierno de Álvaro Colom pudiese impulsar; pero con la decisión firme de exigir estrategias, programas y proyectos que favorecieran a las grandes mayorías del país. Asumimos así, desde el primer momento, una “oposición constructiva” y nos mantuvimos fieles a ella, apoyando políticas del gobierno cuando éstas fueron positivas y adversando y criticando los desaciertos y deficiencias.
En el momento más difícil de este período, cuando multitudes en las calles pedían la separación del Presidente a raíz de la muerte de Rodrigo Rosenberg, nosotros llamamos a la cordura y al respeto de la institucionalidad. Había que respetar el estado de derecho en tanto se le permitía a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) realizar las investigaciones pertinentes. Esta fórmula permitió superar la crisis dentro del marco democrático y evitar que Guatemala se adelantara a Honduras con un golpe de estado de la derecha. Trabajamos conjuntamente con el gobierno en el tema de la migración, si bien le criticamos de principio a fin la implementación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) y la mayoría de sus acciones, por estar éstas sesgadas por intereses de pequeños grupos, particularmente en los esfuerzos por contribuir a la reforma humana de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Logramos impulsar al gobierno a pedir el TPS para los guatemaltecos y guatemaltecas indocumentados; pero no pudimos hacer que la política de Colom fuese lo suficientemente agresiva y constante para obtener los frutos requeridos. No obstante, con gran satisfacción observamos que ya se habla de manera general y constantemente, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, sobre la justicia de otorgar TPS a nuestros connacionales.
Señalamos estos errores del gobierno y muchos más del Estado y de la UNE, como partido dominante en el Congreso y partido en el gobierno, indicando con insistencia el peligro de llevar el deterioro del país al punto de “Estado fallido”. Señalamos los cuatro pilares del proceso de falla de un Estado y pedimos actuar para atacarlos; pero las acciones fueron insuficientes y los resultados deficientes. Los cuatro pilares –la violencia, la corrupción, la impunidad y la falta de justicia social—se adueñaron del país, sin que el gobierno de Colom demostrara la voluntad política o la capacidad para enfrentarlos.
El Presidente y sus asesores tuvieron buenas ideas; pero nunca las pudieron llevar a la práctica. Enfrentar la violencia con inteligencia era lo pertinente; pero se quedaron muy cortos de inteligencia. Nada o poco se hizo ante la corrupción, porque el manejo del presupuesto de la nación nunca se transparentó. Si bien la Fiscal General hacia el final del período desarrolló una política mucho más seria y decidida para enfrentar la criminalidad y la CICIG contribuyó en casos especiales, el muro de la impunidad sigue muy entero. Finalmente, si bien se desarrollaron programas sociales importantes, estos se prostituyeron en términos de generar una base social para las elecciones de 2011, y la contrapartida a este proceso de dádivas fue la represión contra el movimiento social. El voto castigo contra la UNE estaba cantado y la población, muy confundida, finalizó apoyando al Patriota.
Frente al Partido Patriota y el nuevo gobierno, tenemos muy claro que seremos considerados y somos parte de la oposición. Más cuando en la Junta Directiva del Congreso, y posiblemente en el Gabinete, no aparezcan personas que respondan a los intereses de las grandes mayorías, si bien algunas hayan podido militar en organizaciones progresistas en el pasado, como ha sido frecuente en nuestra camaleónica clase política. Las demandas mínimas tendrán que ser peleadas en las calles, campos y otros espacios. Desde luego, no asumiremos la “oposición negativa y destructiva”, como la hizo el Patriota a la UNE en los cuatro años transcurridos o como hace constantemente el Partido Republicano al Presidente Obama de Estados Unidos. Apoyaremos las políticas estatales que tiendan a mejorar la situación de nuestras grandes mayorías, incluida la población migrante.
A nivel nacional, confiamos en que continúen los programas sociales que atiendan la pobreza y marginación de grandes sectores. Pese a los ataques de la burguesía y de grupos de capas medias que acusan a los pobres de su pobreza y se oponen a darles una mano para sobrevivir, estos programas han sido el único intento serio por disminuir los atroces niveles de hambre y desnutrición y por cumplir el más importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que todos los países se propusieron en el 2000: reducir a la mitad la pobreza y el hambre para el 2015. También confiamos en que la política exterior del país se conserve a una conveniente distancia de la estadounidense, siempre en torno al invento de guerras, a veces contra supuestos “terroristas”, a veces para elevar los costos de los estupefacientes o los recursos naturales y otras veces para enfrentar los movimientos de cambio en los países en desarrollo. Ahora en el Consejo de Seguridad, nuestro gobierno debe mostrar su vocación de paz y defender su soberanía.
Dos luchas internas son obligadas: una contra la corrupción, en todas sus manifestaciones; y otra contra la impunidad de los crímenes, tanto los actuales, determinados por la violencia común y el crimen organizado, como los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del período del conflicto armado interno. Para esto pedimos la continuidad de la CICIG, el más firme apoyo a la Fiscal General Claudia Paz y Paz y la recuperación de la confianza de la población en la Policía Nacional, depurándola y quitándole su papel represivo frente al movimiento social. Hay que combatir a la delincuencia, que fue el clamor popular durante este proceso electoral; pero hay que hacerlo con apego total a la doctrina de los derechos humanos. El derramamiento de sangre debe terminar en todos los sentidos.
El Estado y los sectores de poder económico que hicieron posible la victoria del Patriota tienen también la enorme responsabilidad de generar empleo y proporcionar un mínimo colchón de seguridad social. Nuestros grandes ricos han sido históricamente muy conservadores y no invertirán si no se garantizan obtener cuantiosas ganancias; por ello, la creación de puestos de trabajo y oportunidades para que la gente se genere ingresos, por ejemplo mediante la adjudicación de tierras, va a depender más del Estado. Para ello, hay que pagar más impuestos y no hacer que sea la clase media la que cargue con el sostenimiento del aparato gubernamental. Todo quetzal invertido en la posibilidad de tierra y/o trabajo para nuestra población es un quetzal destinado a enfrentar la delincuencia y frenar la migración, considerando que ésta es inversamente proporcional al desarrollo. En esta simple ecuación la RPDG asume su propio compromiso a favor de la paz y el desarrollo.
Lógicamente, frente al fenómeno migratorio guatemalteco el Gobierno de Guatemala 2012-2016 tiene múltiples responsabilidades. Utilizando todos los mecanismos posibles, debe trabajarse para disminuir el número de deportados, que fue de 30,855 en el 2011. Esta administración tiene la responsabilidad de trabajar conjuntamente con las organizaciones de migrantes, para que la administración del Presidente Obama otorgue el Estado de Protección Temporal (TPS), esfuerzo que la RPDG y las Organizaciones Aliadas, han llevado a cabo desde junio 2010, 2011 y que continuará en el 2012. También junto a nosotros, el Estado debe trabajar intensamente en la reforma con rostro humano de la ley de inmigración de Estados Unidos, resultado que ahora tendrá que esperar al 2013. Más inmediata será la reforma interna del CONAMIGUA. Los migrantes exigimos participación directa en el mismo y mecanismos transparentes, representativos y democráticos para la elección de sus autoridades y representantes de los migrantes. El CONAMIGUA es un ente necesario, aún si se crea el Vice ministerio de Asuntos Migratorios que propone el nuevo gobierno, ya que es un ente coordinador de todas las actividades del Estado. Finalmente, teniendo en cuenta que el Partido Patriota fue parcialmente responsable de que las y los guatemaltecos en el extranjero no pudiésemos votar en 2011, le exigimos hacer valer nuestro derecho constitucional al plazo más corto posible.
La RPDG no se va a quedar de brazos cruzados, esperando a que el gobierno actúe, como muchos actores sociales y políticos han hecho durante los 15 años desde la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Vamos a continuar nuestra organización y nuestra acción en el exterior. Vamos a desarrollar, igualmente, un movimiento al interior del país, el movimiento por la paz y el desarrollo, que insertaremos en el movimiento social guatemalteco. Naturalmente, los primeros invitados serán los familiares de los migrantes, hasta ahora ignorados por el Estado. No obstante, estaremos abiertos a toda persona bien intencionada, en un proceso de unidad y amplia participación. Será ésta nuestra contribución a la unidad popular como alternativa social, política y electoral.
Guatemala y Nueva York, 14 de enero de 2012, a las 14:00 horas
Comité Ejecutivo de la RPDG
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