Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

Comunicado Nacional e Internacional

A nuestro juicio, la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral debe renunciar

Después de haber observado las actuaciones en los tres años anteriores de la Lic. María Eugenia Villagrán de León, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), nosotros consideramos que, en bien de la credibilidad de la segunda vuelta, debe renunciar. Nosotros, en nuestra condición de migrantes, fuimos directamente perjudicados por la irresponsabilidad de esta funcionaria, ya que al no cumplir las obligaciones que se le asignan en la Constitución al TSE, impidió que en estas elecciones pudiésemos ejercer el voto desde el extranjero. Pero, además, nos preocupan las actuaciones arbitrarias de la Presidenta del TSE, que han restado legitimidad y representatividad al proceso electoral actual, y que ratifican nuestra petición de renuncia.

Esta petición se fundamenta particularmente en el hecho de que la actuación sesgada y politizada de la Lic. Villagrán –con clara intencionalidad partidaria—hizo que el TSE perdiera la credibilidad que, con grandes esfuerzos, se había construido entre 1985 y 2010. Señalamos algunos asuntos graves:

1. A raíz del golpe de estado en Honduras que derrocó al Presidente Zelaya, la Lic. Villagrán por decisión propia, se trasladó en agosto de 2009 a Tegucigalpa para ofrecer apoyo a los golpistas en la realización de las elecciones bajo gobierno de facto, en momentos en que Honduras era aislada por los países latinoamericanos. A ese respecto el gobierno del Presidente Colom la desautorizó, afirmando la Cancillería “todas las entidades descentralizadas y autónomas deben en toda actividad de carácter internacional sujetarse a la política que trace el Poder Ejecutivo”.

2. Cuando en el segundo semestre de 2010 se debatía la demanda de los migrantes guatemaltecos de ejercer el derecho de elegir y ser electo desde el exterior, no solamente expresó su personal oposición a ello, sino que se atrevió a sugerir el absurdo de “eliminar a los migrantes guatemaltecos del padrón electoral”. Solamente al recibir una verdadera avalancha de críticas se vio forzada a desistir de su propuesta y a sugerir la búsqueda del voto en el extranjero.

3. Este acto de relaciones públicas, al cual se prestaron algunos líderes migrantes, se convirtió pronto en un engaño más a la generalidad de los migrantes. En diciembre de 2010, integrantes de la RPDG se dirigieron a la Lic. Villagrán, con asesoría de la Procuraduría de Derechos Humanos, para solicitarle que, con base a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que le otorgaba la potestad de organizar las votaciones en el extranjero y en la Constitución de la República que nos otorga el derecho de elegir y ser electos sin limitación alguna, definiera los procesos de votación en los consulados de Guatemala. Como respuesta, el TSE montó una serie de “shows de prensa” y terminó condicionando nuestro voto a reformas electorales que tendría que realizar el Congreso. Sabía que, de esa manera, el voto en el extranjero ya no se podría realizar en estas elecciones. El Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad le sirvieron de comparsa y nuestro derecho ha sido violado, aunque se indica que será ejercido en 2015. Las acciones de la Lic. Villagrán pueden calificarse no sólo de engaño, si no de fraude.

4. Antes de que se convocara a las elecciones de manera oficial, en mayo pasado, se presentaron múltiples denuncias contra el Partido Patriota, por haber hecho campaña abierta y desvergonzada, antes de ser autorizada. Nadie sabe si el TSE hizo algo al respecto, porque no hubo ninguna consecuencia para Otto Pérez y sus partidarios. Ya en campaña, este partido gastó cantidades enormes de dinero, habiendo superado los techos establecidos por el TSE. No solamente éste no hizo nada al respecto, salvo hacer algunas declaraciones por la prensa, sino que los gastos desmedidos han continuado durante la segunda vuelta. Esto ha provocado que se busquen razones para el tratamiento privilegiado del Partido Patriota y algunos las encuentran en la cercanía del esposo de la Presidenta del TSE con Otto Pérez, su ex colega del ejército.

5. Es evidente, aún para quienes no somos abogados, que el TSE abusó de su autoridad con la no inscripción de dos binomios presidenciales: la Sra. Sandra Torres y su colega de la UNE-GANA; y el Sr. Harold Caballeros y su colega de VIVA-Encuentro por Guatemala. La razón aducida para impedir la candidatura de la Sra. Torres fue el fraude en su divorcio. En el caso de Caballeros fue ser ministro de culto. En ambos casos quedó demostrado que las causas no eran válidas; fueron manipulaciones del TSE que llevaron a que la CC analizara el caso de la Sra. Torres a la luz del impedimento constitucional y, en forma tardía, que sin duda afectó a UNE-GANA, dictaminara que no podía participar. En el caso de Caballeros, se le enmendó la plana al TSE y éste pudo participar.

6. No fue la única acción contra VIVA-Encuentro por Guatemala, ya que también se le negó inscripciones de candidatos en función de reglamentos secundarios para el funcionamiento de las coaliciones. Esta medida se aplicó con mayor drasticidad al Frente Amplio, negándole la posibilidad de inscribir varios candidatos a diputados y un número grande de corporaciones municipales, incluida la planilla para la alcaldía de la ciudad capital. Las candidaturas se presentaron con base a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es superior a cualquier reglamento secundario; pero el bloqueo se mantuvo.

7. Más grave aún ha sido la manipulación de los resultados electorales para quitarle una diputación a la URNG-MAÍZ en Huehuetenango, haciendo con ello que el Frente Amplio no alcance los 3 diputados que necesitaba para que los tres partidos dentro de la coalición subsistieran. Con actas ya firmadas por los fiscales de mesa con los resultados oficiales que daban la curul al Frente Amplio, el TSE terminó entregando la diputación al Partido Patriota. Esto constituye un robo descarado de una diputación y el intento de eliminar a partidos dentro del Frente Amplio.

8. Hay muchos otros problemas, desde luego, lo que ha llevado al rechazo de las elecciones en más de 50 municipios. En unos pocos se repetirán las elecciones; pero hay muchos más que tendrán autoridades realmente ilegítimas. Es clara la responsabilidad del TSE en este asunto.

9. La noticia más reciente es la asignación antojadiza de puestos en el Parlamento Centroamericano. Resulta absurdo que una fuerza política que no propuso el número suficiente de candidatos para este órgano, sea ahora autorizada para trasladar como parlamentarios a candidatos para otros puestos de diputados nacionales. Algo anda realmente podrido al interior del TSE.

10. Las críticas al TSE también provienen de la delegación observadora de la OEA. No hay explicación sobre el retraso en la entrega de resultados el día de elección, ni para variaciones de resultados con muy poca credibilidad. Eso recuerda las elecciones de 1995, bajo tutela de los militares, que desde la torre de GUATEL hicieron manipulaciones aprovechando un largo apagón de la energía eléctrica. Lo anterior es un retorno de la Inteligencia Militar.

Nosotros creemos que la Lic. Villagrán debe retirarse ya, vía renuncia, porque las dudas generadas en la primera vuelta se van a acrecentar en la segunda. El día de hoy, ella se manifestaba muy satisfecha con el compromiso de Baldizón y Pérez de aceptar los resultados del 6 de noviembre; pero la población, en general , está lejos de sentirse satisfecha, y la continuidad de una Presidenta envuelta en el desprestigio puede ser el detonante de graves conflictos sociales. De no renunciar, el Congreso debería organizar una comisión investigadora para que profundice en estos desaciertos.

New York, 9 de Octubre del 2011.

Comité Ejecutivo de la RPDG

Posición de la RPDG para la segunda vuelta electoral

Diez razones para votar contra Pérez

Octubre 6, 2011

Nos encontramos a un mes de acudir a las urnas para expresar nuestra voluntad con relación al próximo binomio presidencial de Guatemala. Por muy diversas razones, consideramos que el sistema político nos ha fallado y que nos deja, para los próximos cuatro años, en peores condiciones que las que tuvimos durante el gobierno de Álvaro Colom. No se trata más, sin embargo, de lamentarnos, sino de tomar una serie de decisiones, algunas difíciles, para caminar hacia un cambio fundamental de la política guatemalteca. Una de esas primeras decisiones consiste en definir a quien le damos el poder Ejecutivo, lo que nos obliga a renunciar a la cómoda posición de la abstención o el voto nulo. El nuevo mandatario del país es responsabilidad de todas y todos, independientemente de nuestro voto individual.

Durante el proceso, antes del 11 de septiembre, como dirigentes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos pedimos el “voto castigo”, tanto de los migrantes que fuésemos a votar como de nuestros familiares y amistades, contra las fuerzas políticas que nos traicionaron o ignoraron. Como directivos de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), instamos a sectores revolucionarios, de izquierda y populares a que abandonáramos la idea del voto nulo, blanco o abstención, para apoyar al Frente Amplio. Finalmente, profundamente preocupados por la situación de los derechos humanos en nuestro país, apelamos a la conciencia de nuestros ciudadanos y ciudadanas para bajar los votos por Pérez al 35%, con el fin de derrotarlo en la segunda vuelta. Esta última fue la más exitosa de nuestras peticiones, cuando ya muchos lo daban como presidente electo en la primera vuelta.

Expondremos diez razones para votar contra Pérez: a) las que se refieren a lo que Pérez hizo y no hizo en los cuatro años pasados; b) las que se derivan del pronóstico sobre qué nos esperaría de ganar él; y c) las que se refieren a su oscuro pasado, que nadie en Guatemala puede ignorar, porque la comunidad internacional, la solidaridad de los pueblos y la justicia internacional lo tendrán presente y actuarán en consecuencia.

Lo hecho y no hecho en cuatro años.

Razón 1: Pérez, como líder de la oposición, no hizo nada en el Congreso ni frente al Ejecutivo para interrumpir nuestro desangramiento, que La Hora sitúa en más de 20,000 muertos del 2008 a la fecha. Pareciera que, para garantizarse su elección, a él no le importaba detener la violencia y la inseguridad. Tampoco hizo nada por los migrantes, pese a que su partido fue abordado para lograr el voto en el extranjero; por el contrario, vía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), pospuso nuestro voto para el 2015. Fue invitado a dos Foros sobre migración; no respondió al de Los Ángeles y no se hizo presente al de Guatemala, ni se excusó. Es evidente que los migrantes no contamos para él y estoy seguro de que no sabe qué es el TPS, porque los “naranja” no han movido un dedo para proteger a nuestros nacionales en Estados Unidos, ni siquiera con el paso de la tormenta “Ágatha”, seguramente para “no molestar al patrón”. Los migrantes y nuestros familiares y amistades tenemos el deber de derrotar a Pérez el 6 de noviembre.

Razón 2: Lo que sí hizo Pérez fue obstruir y desestabilizar, así como corromper a las instituciones del Estado. No hubo medida del gobierno actual que no encontrara resistencia en el Patriota, incluyendo programas sociales y aumento de impuestos. Generó así la ingobernabilidad, porque las leyes no pasaban o eran sustancialmente modificadas para proteger a los privilegiados de siempre. La desestabilización llegó a su extremo cuando movilizaron a sectores de capas medias para pedir la separación de Colom, luego de la muerte del abogado Rosemberg. Pérez se quedó mudo frente al golpe de Estado en Honduras, que era su sueño en Guatemala. De ganar la segunda vuelta, deberá recordar que “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Qué nos esperaría de ganar Pérez la presidencia.

Razón 3. Pérez llegaría bajo la ilusión de que él puede brindar seguridad. Muchos creen que con poner al ejército en las calles se logrará, sin darse cuenta de que, si no se mejoran las condiciones sociales y económicas y no se elimina la impunidad, poco pueden hacer soldados deambulando por las calles. En ningún país civilizado se combate el crimen con el ejército; lo hace la policía, entrenada para capturar y llevar a la justicia. El ejército está entrenado para la guerra, que es matar y punto. Solamente cuando el poder ofensivo del crimen organizado supera a la policía es conveniente el envío de tropas militares. La violencia no se controlará con matazones, las cuales sólo intensificarán la espiral de muerte, como en México. En la lucha contra el narcotráfico, le tocará a Guatemala “el trabajo sucio” y aportar los muertos.

Razón 4. Pérez ha generado tantos anticuerpos que le será muy difícil gobernar. La UNE, segunda fuerza en el Congreso, le va a pasar cuentas de los cuatro años anteriores y del descarrilamiento de Sandra Torres, aparte de que también harán oposición LIDER y CREO. El movimiento social estará en las calles, defendiendo sus derechos, y el movimiento de derechos humanos, nacional e internacional, seguirá su lucha contra la impunidad, que necesariamente alcanzará a Pérez. Las mujeres poco tienen que esperar del Partido Patriota y saben que sus avances estarán basados en sus propias luchas. La gente discriminada, los migrantes y los pueblos indígenas nada pueden esperar de este partido, que está orientado a los sectores privilegiados del país.

Razón 5. Pérez fue el candidato que más dinero gastó. Según el TSE no puede gastar más; pero no hará caso. Esa millonaria campaña es una deuda de Pérez a sus financistas, que tendrá que pagar con jugosos intereses económicos y políticos. Se ha negado a identificarlos, verdaderos beneficiarios de su gestión. Podemos imaginarnos quiénes son. La oligarquía y las grandes empresas, nacionales y extranjeras, dan ayuda a los partidos –siempre más al “ganador”—para garantizar sus intereses. Así, en el próximo gobierno no se podrán elevar impuestos, al tiempo que se tratarán de cercenar los derechos de los trabajadores y sectores pobres. Los azucareros seguirán ocupando tierras de campesinos; las empresas mineras extranjeras seguirán llevándose los minerales y dejándonos la contaminación; las mineras nacionales, tipo Cementos Novella, seguirán abusando de los pueblos indígenas y sectores pobres; y empresas como FENOSA seguirán haciendo su agosto y propiciando la “neutralización” de los líderes del movimiento social…y éstas son las “empresas lícitas”. ¿Y los capitales ilícitos, manejados por mafias conocidas y entidades como la Cofradía, el Sindicato, los Zetas y muchos más? ¿Habrán penetrado, como en Colombia, las campañas electorales? ¿Qué pedirán a cambio?

Un personaje impresentable.

Razón 6. Un lector sugiere que ésta no es una sola razón, sino que equivale a 200,000 razones: las víctimas de las acciones represivas del Estado guatemalteco. En el conflicto armado interno, como verificó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el ejército fue responsable de las mayores atrocidades al aplicar su política de genocidio y tierra arrasada. Ningún ex oficial debe aspirar a la presidencia, porque, según el propio ejército, participaron en sus campañas todos sus oficiales y la estrategia fue definida dentro de la Junta de Comandantes. Pérez fue oficial en campaña (video sobre masacres en El Quiché) y fue miembro de la Junta.

Razón 7. La CEH exhortó al ejército a dos actos esenciales: entregar todos los archivos militares, para poder encontrar información sobre muertos y desaparecidos; y pedir perdón a las víctimas y a la sociedad guatemalteca por sus crímenes de guerra. No ha hecho lo primero, porque a Pérez y otros “se les perdieron sus archivos”, y no ha hecho lo segundo, porque según sus líderes, libró una guerra “contra el comunismo”. Pérez no niega que él y el ejército hayan matado a decenas de miles en su lucha contrainsurgente, principalmente en las zonas de operación del EGP; pero asegura que dicha organización milagrosamente había reclutado ancianos, hombres y mujeres no combatientes, niños y niñas de todas las edades, bebés y no natos (ver informes de exhumaciones).

Razón 8. Pérez fue Jefe de la tenebrosa G2/D2, coordinadora de las acciones militares contrainsurgentes y actos contra los “subversivos”, pudiendo decidir sobre su tortura para extraer información (condenado por la ONU), tortura para “quebrarlo” y ponerlo al servicio del ejército (crímenes de lesa humanidad) o su asesinato (crimen de guerra). Entre los muchos prisioneros en las instalaciones militares, como Santa Ana Berlín y la Escuela Politécnica, destacan el Comandante Everardo de la URNG y “Mincho”, el último desaparecido del conflicto. En ambos casos, Pérez tuvo responsabilidad (testimonios en la CIDH).

Razón 9. Los Jefes de la Inteligencia militar de América Latina estuvieron muy cerca de la CIA estadounidense y varios de ellos, como Contreras en Chile y Noriega en Panamá, estuvieron en su nómina de pagos. Se ha cuestionado a Pérez sobre esta vinculación, sin encontrar más respuesta que haber asistido a la Escuela de las Américas (SOA, “School of Assassins”). Sería lamentable que el presidente resultara ser “empleado de la CIA”.

Razón 10. Se acusa a Pérez de haber sido parte de la conspiración para matar al Obispo Gerardi o, como mínimo, de haber obstruido las investigaciones sobre este crimen. Pese a las denuncias directas, Pérez no ha aclarado su situación (libro de Francisco Goldman).

Teniendo en cuenta las 10 razones, exhortamos a todo ciudadano a que el 6 de noviembre acuda a las urnas y, responsablemente, marque la X sobre el binomio presidencial de Manuel Baldizón y Raquel Blandón. Hay que eliminar para siempre la amenaza de ser nuevamente gobernados por militares. Con el Obispo Gerardi, afirmamos: ¡Nunca Más!

Páginas de la Memoria Histórica

Retomemos hoy los párrafos iniciales del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que explican las causas históricas de la violencia estructural y política, así como del conflicto armado interno.

Comienza así la CEH:

CAUSAS HISTORICAS

1. Aludir a las causas históricas de la más trágica época que atravesó la Nación guatemalteca durante su historia implica abordar situaciones que fueron formándose a lo largo del tiempo y cuyos efectos influyen de una forma acumulativa en la conducta humana y en la práctica social de esta sociedad. Dichas causas se tradujeron a lo largo del tiempo en diversas manifestaciones de violencia: estructural, política, social. La historia guatemalteca registra, por tales motivos, diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de población. Esta violencia tiene reflejos claros en la vida política, en las relaciones sociales y en los ámbitos del trabajo; y sus orígenes son de carácter económico, político, ideológico, religioso y étnico.

2.Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales ha sido extremadamente jerárquica, sostenida por una enraizada herencia colonial. Esto determinó que el carácter del Estado que produjo la incipiente República de Guatemala fuese “excluyente”,1 y manifestase una clara orientación racista. De esa forma, histórica y políticamente la violencia en el país se ha dirigido desde el Estado sobre todo en contra de los pobres, los excluidos y los indígenas.

3.La formación de un Estado democrático se ha visto limitada permanentemente por esos condicionamientos de la historia. Su función ha consistido en mantener y conservar las estructuras de poder basadas en la explotación y la exclusión de los indígenas y de los mestizos empobrecidos. Fue necesario esperar los Acuerdos de Paz, concluidos en 1996, ciento setenta y cinco años después de la Independencia, para que el Estado guatemalteco pudiera perfilarse como un “Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe” y, con ello, responder a una concepción de nación integradora, respetando la diversidad de sus ciudadanos.

4.Es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso donde el radio de exclusión y la noción de “enemigo interno” se volvieron cada vez más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente a la ciudadanía y sus derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que se convirtió en Guatemala en razón de ser del Ejército y en política de Estado.

5.El enfrentamiento armado sólo puede explicarse por una combinación de factores internos y externos cuyo peso específico es difícil precisar cuantitativamente. No obstante, es evidente también que la suma de todas estas causas de carácter histórico no hubiera sido suficiente por sí misma para producir la insurgencia ni la violencia que llegó a alcanzar el enfrentamiento armado. Nuevos fenómenos sociales y políticos que se produjeron hacia fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, en una coyuntura especial, que hizo pensar a parte de los sectores excluidos de la sociedad en la vía armada como la mejor opción política a su alcance, si no la única. A continuación se analizan los antecedentes históricos, para en un siguiente acápite tratar los que se llamará los antecedentes inmediatos”.

 …

AMARGO PROCESO ELECTORAL PARA LOS MIGRANTES

Nos encontramos en la segunda vuelta. La decisión a tomar el 6 de noviembre ha quedado entre dos binomios: Manuel Baldizón y Raquel Blandón, de LIDER, y Otto Pérez y Roxana Baldetti, del Patriota. Ninguno de los dos candidatos presidenciales ha respondido adecuadamente a los planteamientos de los migrantes y ninguno se preocupó por atender los principales problemas que enfrentan las y los guatemaltecos en el extranjero. Como organización de migrantes, creemos, eso sí, que Otto Pérez nos ha hecho más daño y ofrece menos perspectivas:

a) Si bien ningún partido en el Congreso actual levantó la bandera del voto de las y los guatemaltecos en el extranjero, Pérez llegó más lejos en cuanto a rechazar nuestro derecho: consiguió, vía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad, con los que tiene estrechas relaciones, que nuestro voto, que constitucionalmente no puede ser negado, se pospusiera para el 2015.

b) Cuando el huracán Stan castigó nuestro país y el Presidente Berger solicitó el estatus de protección temporal (TPS) al gobierno de Bush, aliado republicano de Pérez, no se escuchó la voz de éste para apoyar la petición. Cuando el Presidente Colom solicitó el TPS al gobierno de Obama, jamás se escuchó la voz de apoyo de Pérez ni de ningún otro dirigente del Patriota. Su mutis se explica en su determinación de evitar cualquier tipo de logro para el gobierno de la UNE, en su afán por llegar a la presidencia. Para afectar a Colom, no le importó abandonar a su suerte a 800,000 connacionales en Estados Unidos.

c) Para Pérez, los migrantes somos cifras y en función de sus intereses hace números. Le agrada saber que enviamos al país más de 4.0 millones de dólares anuales, que sirven para alimentar a los bancos, que son sus aliados naturales, y contribuyen a bajar los acuciantes niveles de pobreza. Se ha alegrado de que más de 25,000 guatemaltecos hayan sido deportados cada año del período de la UNE, porque esa gente se sumaría al voto castigo, y no ha movido un dedo para disminuir las deportaciones de los Estados Unidos. Calculó que de los 300,000 ciudadanos guatemaltecos en Estados Unidos no lograría capitalizar ni la sexta parte y prefirió bloquearnos el voto. En sus cálculos, los migrantes le restamos y, en eso, esperamos que tenga toda la razón.

d) Pérez se ilusiona con la idea de que el nuevo gobierno en los Estados Unidos sera Republicano y sabe que la mayoría de este partido es anti-inmigrante. De esta manera, no solamente es muy poco probable que se preocupe por los migrantes guatemaltecos en tránsito o en Estados Unidos, sino que, siguiendo el ejemplo de Calderón en México, detendrá el flujo migratorio centroamericano hacia el Norte. Aceptará el papel que le asignará el gobierno estadounidense de ser el “gendarme” de Centroamérica.

Concluimos, entonces, en que los migrantes nada podemos esperar del Partido Patriota. No ha hecho nada en 8 años de ser fuerza política y no hará nada en el futuro. Por lo anterior, sin hacernos muchas ilusiones de que Baldizón responda a las necesidades de los migrantes, sí tenemos que afirmar, en nuestra condición de guatemaltecas y guatemaltecos en el extranjero, que la mejor decisión para el 6 de noviembre es votar por Manuel Baldizón y Raquel Blandón.

RPDG, 1 de octubre de 2011

DIEZ RAZONES PARA VOTAR CONTRA PÉREZ (3-5)

Por Raúl Molina Mejía, publicado en La Hora

En mi columna anterior, trasladé dos razones para votar contra Pérez, por lo que él hizo y dejó de hacer en los cuatro años pasados. Analizo ahora tres razones más, con base en lo que nos esperaría en el país de ser él electo presidente. El tercer y último artículo abordará su oscuro pasado y, quizás, me vea obligado a agregar una razón 11, en función de las amenazas en Guatemala a una madre soltera.

Razón 3. Pérez llegaría bajo la ilusión de que él puede brindar seguridad. Muchos creen que con poner al ejército en las calles se logrará, sin darse cuenta de que, si no se mejoran las condiciones sociales y económicas y no se elimina la impunidad, poco pueden hacer soldados deambulando por las calles. En ningún país civilizado se combate el crimen con el ejército; lo hace la policía, entrenada para capturar y llevar a la justicia. El ejército está entrenado para la guerra, que es matar y punto. Solamente cuando el poder ofensivo del crimen organizado supera a la policía es conveniente el envío de tropas militares. La violencia no se controlará con matazones, las cuales sólo intensificarán la espiral de muerte, como en México. En la lucha contra el narcotráfico, le tocará a Guatemala “el trabajo sucio” y aportar los muertos.

Razón 4. Pérez ha generado tantos anticuerpos que le será muy difícil gobernar. La UNE, segunda fuerza en el Congreso, le va a pasar cuentas de los cuatro años anteriores y del descarrilamiento de Sandra Torres, aparte de que también harán oposición LIDER y CREO. El movimiento social estará en las calles, defendiendo sus derechos, y el movimiento de derechos humanos, nacional e internacional, seguirá su lucha contra la impunidad, que necesariamente alcanzará a Pérez. Las mujeres poco tienen que esperar del Partido Patriota y saben que sus avances estarán basados en sus propias luchas. La gente discriminada, los migrantes y los pueblos indígenas nada pueden esperar de este partido, que está orientado a los sectores privilegiados del país.

Razón 5. Pérez fue el candidato que más dinero gastó. Según el TSE no puede gastar más; pero no hará caso. Esa millonaria campaña es una deuda de Pérez a sus financistas, que tendrá que pagar con jugosos intereses económicos y políticos. Se ha negado a identificarlos, verdaderos beneficiarios de su gestión. Podemos imaginarnos quiénes son. La oligarquía y las grandes empresas, nacionales y extranjeras, dan ayuda a los partidos –siempre más al “ganador”—para garantizar sus intereses. Así, en el próximo gobierno no se podrán elevar impuestos, al tiempo que se tratarán de cercenar los derechos de los trabajadores y sectores pobres. Los azucareros seguirán ocupando tierras de campesinos; las empresas mineras extranjeras seguirán llevándose los minerales y dejándonos la contaminación; las mineras nacionales, tipo Cementos Novella, seguirán abusando de los pueblos indígenas y sectores pobres; y empresas como FENOSA seguirán haciendo su agosto y propiciando la “neutralización” de los líderes del movimiento social…y éstas son las “empresas lícitas”. ¿Y los capitales ilícitos, manejados por mafias conocidas y entidades como la Cofradía, el Sindicato, los Zetas y muchos más? ¿Habrán penetrado, como en Colombia, las campañas electorales? ¿Qué pedirán a cambio?

¿SON MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PATRIOTA?

Según la organización “Comunidad Estudiantil la Chicharra (MeMoRiA, LuChA y ReSisTeNcIA) se habría filtrado de Wikileaks parte de la composición del Gabinete de Gobierno de Otto Pérez y el Partido Patriota, dando 20 nombres que llevan a decir que se trata de un “Gabinete de Miedo”. No sabemos si se trata de una acusación sin fundamento o si es genuina. Lo damos a conocer porque, en el caso lejano de que Pérez ganase la segunda vuelta, valdría la pena verificar que tan cierta era la información.

1. María del Carmen Aceña – Ministra de Educación – Misión: retomar la privatización, el PRONADE y los contratos 029 para el magisterio nacional.

2. Julio Ligorria – Ministro de Relaciones Exteriores – propuesto por la CIA, con el fin de ayudar al aislamiento del gobierno Salvadoreño y Nicaragüense y apoyo a todos los grupos terroristas cubanos de MIAMI.

3. Dionisio Gutiérrez – Comisionado presidencial para inversiones – Misión: ampliación de la minería, explotación petrolera y construcción de hidroeléctricas para el Grupo Multiinversiones. (pago por aportes cuantiosos a la campaña)

4. Adela Camacho de Torrebiarte – Carlos Vielman y Erwin Spirrensen al Ministerio de Gobernación para retomar las ejecuciones extrajudiciales y la limpieza social, así como la represión a sindicalistas y campesinos.

5. Mauricio López Bonilla y el Tanque Herrera a la SIE para retomar las Escuchas telefónicas y el seguimiento y persecución de los opositores políticos.

6. Alejandro Sinibaldi – como Secretario de Privado de la Presidencia para tener el Control de los negocios del General y de la familia Castillo Sinibaldi (pago por aportes cuantiosos a la campaña)

7. Gloria Torres – hermana de Sandra Torres -Ministra de Cultura y Deportes- por apoyo en la campaña.

8. Roberto Alejos Cambara – Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el control de los negocios de medicinas en agradecimiento por los favores económicos de su hermano Gustavo.

9. Jaime Martínez Loaiza – Ministro de Agricultura, para garantizar la mayoría en el Congreso con los votos de la GANA.

10. Juan Luis Font – Vocero Presidencial, en agradecimiento por su papel de ataque a los opositores al PP y de defensa al General

11. Mario Fuentes Destarac – para asesorar y proteger los negocios del CACIF en el gobierno- Secretario General de la Presidencia –

12. Mario David García – como Director de la TGW y como director del Diario de Centroamérica Francisco Beltranena (agradecimiento en su papel como golpista del caso Rosenberg)

13. Juan Luis Bosch – Ministro de Energía y Minas, del CACIF. Misión: recuperación de inversiones y fortalecer monopolio de Multi-inversiones.

14. General Roberto Letona en la Dirección General de Migración para el control del negocio de Trata de personas, adopciones y cualquier tráfico de personas.

15. Coronel Quilo Ayuso – Gerente de la Empresa Portuaria Santo Tomas, para el control de negocios

16. Mario “El Coche” Mérida – Director de la PNC.

17. Pedro Trujillo – Asesor especifico de la Presidencia y contacto con la ultra derecha del PP de Aznar y de los cubanos de MIAMI.

18. Hugo Maul – Ministro de Finanzas- (director del CIEN), para facilitar negocios y apoyo al CACIF

19. Jorge González Merlos en la SAT, para facilitar negocios y apoyo al CACIF.

20. Otto Noack – Gerente de la empresa portuaria Quetzal y Aduanas

COMUNICADO DE LA URNG

DECLARACIÓN POLÍTICA DE URNG DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

El Comité Ejecutivo Nacional -CEN- del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG-MAIZ, a la opinión pública nacional e internacional hace saber:

1. Las elecciones generales realizadas en Guatemala el 11 de Septiembre de 2011 se caracterizaron por las violaciones a las normas esenciales contempladas en la institucionalidad electoral, la imposibilidad de plena participación política de la ciudadanía al negarse la inscripción al Frente Amplio en 07 distritos electorales y 19 municipalidades; la manipulación política, el clientelismo, el acarreo, la compra de votos y en el caso de URNG, el robo de una diputación al Congreso de la República. Son responsables de estas prácticas los partidos políticos de la derecha, los grupos oligárquicos nacionales, el narcotráfico y el crimen organizado, quienes ejercen el poder real por medio de la corrupción.

2. El asedio mediático a que ha sido sometida la población, en una larga, insultante y millonaria campaña electoral, creó un único escenario, destruyendo así la esencia de la democracia, anulando la capacidad crítica y de escogencia política a la ciudadanía, provocando el deterioro de la conciencia ciudadana y la ética nacional.

3. Para la segunda vuelta electoral el país ha sido orillado a escoger entre dos candidaturas presidenciales que son semejantes en su esencia. Ambas representan o se relacionan con los intereses de los poderes descritos y se sustentan en propuestas políticas de carácter neoliberal. Está demostrado que los dos partidos contendientes han respaldado la entrega de los recursos naturales; respaldan la extorsión de las empresas distribuidoras de electricidad, la usurpación de las tierras comunales y micro propiedades de la población indígena y campesina; los desalojos injustos y represivos; el alza del costo de vida; la precarización del trabajo; así como la negación de derechos a la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud.

4. Al pueblo de Guatemala se le condena a aceptar el retorno al pasado represivo bajo el concepto de mano dura, vulnerando la memoria histórica de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Ambos proyectos, con la creación de otros aparatos represivos del Estado, viabilizan la limpieza social, especialmente en contra de la población que vive en pobreza y pobreza extrema. Se condena a la ciudadanía a escoger entre la demagogia, la manipulación y la falta de transparencia en el manejo del Estado.

Guatemala, 30 de septiembre de 2011

Páginas de la Memoria Histórica

Durante el conflicto armado interno, a los oficiales del ejército se les enseñó que “para eliminar el pez, es decir, la guerrilla, había que eliminar el agua, es decir, a la población que podía simpatizar con ella o que no tomaba partido”. De esa manera, en plena violación del derecho humanitario internacional, que con base a los Convenios de Ginebra protege a la población civil no combatiente y otorga derechos a los combatientes para preservarles su vida y su integridad personal, se definió una guerra a muerte y un “enemigo interno” que excedieron las normas de la guerra. A este respecto, afirma el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico:

“El enemigo interno

15. Durante el período del enfrentamiento armado la noción de “enemigo interno”, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas. Mediante su investigación, la CEH recogió uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron

responsables del 93% de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya”.

A este “enemigo interno” es al que con tanta saña eliminaron las fuerzas armadas del país, utilizando para ello a los jóvenes egresados de la Escuela Politécnica. Por ello es que Pérez afirmó en entrevista de prensa que el combatió al “EGP”, si bien nunca mató guerrilleros; los muertos eran población civil no combatiente: hombres, ancianos, mujeres y niños desarmados. Esto no lo decimos nosotros solamente, también lo afirmó la CEH:

“25. La CEH concluye que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia, práctica que fue acreditada en su concepto del enemigo interno. Incluir en un solo concepto a los opositores, demócratas o no; pacifistas o guerrilleros; legales o ilegales; comunistas y no comunistas, sirvió para justificar graves y numerosos crímenes. Frente a una amplia oposición de carácter político, socioeconómico y cultural, el Estado recurrió a operaciones militares dirigidas a aniquilarla físicamente o amedrentarla por completo, a través de un plan represivo ejecutado principalmente por el Ejército y los demás cuerpos de seguridad nacional. Sobre esta base la CEH explica por qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino civiles”.

¿Fueron heroicas acciones de los oficiales del ejército? Por ética, ni siquiera debiesen participar en política; pero, ciertamente, la población no puede poner el gobierno en estas manos.

…

COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Con fecha 26 de abril, el Congreso de la República aprobó en tercera lectura la reforma de los artículos 221, 222 y 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos e introdujo dos enmiendas por adición, uno de los cuales se refiere al sufragio de guatemaltecos en el exterior.

Dice la enmienda: “Artículo 231 bis. Sufragio de guatemaltecos en el exterior. Los guatemaltecos electores residentes en el exterior sólo ejercerán el sufragio para elegir Presidente y Vicepresidente de la República en las elecciones generales respectivas, éstas se realizarán en el mismo día en que se practiquen en Guatemala, sujeto a las posibilidades del Tribunal Supremo Electoral. La presente disposición legislativa deberá reglamentarse para optimizar el procedimiento apropiado en coordinación con el Tribunal. El Tribunal Supremo Electoral establecerá los centros de votación donde considere viable. El Ministerio de Relaciones Exteriores prestará la colaboración que se requiera para el cumplimiento eficaz de la presente disposición”.

Estas modificaciones han pasado a consulta obligatoria de la Corte de Constitucionalidad, con el número 10-2011. Ante esta trascendental decisión, la RPDG manifiesta lo siguiente:

1. Felicita al Congreso de la República por haber tomado con seriedad el voto en el exterior, por primera vez en más de ocho años de no actuar al respecto, pese a las solicitudes de los migrantes, habiendo privado del voto a las y los guatemaltecos en el extranjero en las elecciones generales de 2003 y 2007.

2. Reitera que el voto en el exterior no necesita de modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque es potestad del Tribunal Supremo Electoral organizarlas, en cumplimiento del derecho humano y constitucional de elegir y ser electo de que gozamos todas y todos los ciudadanos guatemaltecos.

3. Ante la iniciativa tomada con urgencia en el Congreso de la República, insta a la Corte de Constitucionalidad a dejar claramente establecido que el derecho a elegir y ser electo de las y los ciudadanos en el extranjero, como norma constitucional, debe ser garantizado en las elecciones de 2011.

4. Pide a la Corte de Constitucionalidad, además, que determine que el sufragio será no solamente para Presidente y Vicepresidente sino también para Lista Nacional de Diputados y representantes en el Parlamento Centroamericano. Los migrantes entendemos que no haya posibilidad de votar para miembros del Congreso distritales y para autoridades edilicias; pero no existe ninguna razón para limitar el sufragio en el caso de representantes de carácter nacional.

5. Insta a la Corte de Constitucionalidad a señalar que, dados los reiterados problemas que en su recorrido al Norte tienen las y los ciudadanos guatemaltecos, se autorice por única vez que su identificación pueda hacerse mediante la cédula de vecindad, el documento único de identidad o el pasaporte, por ser, los tres, documentos oficiales del Estado de Guatemala.

6. Insta a la Corte de Constitucionalidad a evacuar esta consulta a la mayor brevedad, para que el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores procedan de inmediato a organizar el sufragio en el exterior, con la plena colaboración que ofrecemos y brindaremos las organizaciones de guatemaltecas y guatemaltecos en el extranjero.

7. Agradece a los miles de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos y a las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil que nos han acompañado en la lucha por el voto y la representación en el extranjero y les exhorta a mantenerse vigilantes para defender este derecho fundamental. Aunque hoy nos sentimos satisfechos con este avance, no estaremos totalmente satisfechos hasta no participar en los consulados para emitir el sufragio en las elecciones generales de 2011.

Guatemala y otras partes, 28 de abril de 2011 Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

Comunicado Nacional e Internacional

Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, hace casi quince años, teníamos la firme esperanza de que nuestra población campesina e indígena, tras sufrir genocidio en los 80, no volvería a sufrir la violencia del Estado y que se actuaría con tolerancia y se emplearía el dialogo y la negociación pacífica para resolver los problemas de tierra entre las comunidades y los poderosos. Si bien no ha sido la primera vez en este período post-conflicto armado interno, en que se desata la violencia contra las comunidades rurales, lo acontecido en Alta Verapaz obliga a tomar acciones inmediatas de denuncia internacional y solidaridad.

El 15 de marzo, elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público (MP), el Ejército, guardias privados de seguridad de los grandes terratenientes de la región y personas contratadas por la empresa Chabil Utzaj, así como ex-paramilitares, comenzaron a desalojar violentamente a más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz. Las familias campesinas tomaron posesión de estas tierras entre octubre y noviembre de 2010 y habían comenzado un proceso de negociación con instancias del Gobierno y con la empresa privada Chabil Utzaj. Resulta preocupante que en diciembre el gobierno del Presidente Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz, aduciendo la presencia de narcotraficantes, que no han sido ni encontrados, ni, por tanto, sometidos a control.

La negociación se encaminaba esencialmente, a lograr la compra de las tierras, ya que estas familias han trabajado allí por más de 30 años, cultivando estas tierras para poder sembrar y cosechar alimentos básicos para su subsistencia. En plena negociación, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó orden de desalojo. También preocupante es el hecho que la orden fue dictada el 7 de marzo y se le comunicó a las comunidades solamente el propio día de la acción violenta, el 15 de marzo. Cabe traer a cuenta que ni la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ni otras instancias del gobierno estuvieron ahí para presenciar y/o impedir los hechos violentos.

Ante el clamor de los dirigentes de las comunidades para poner un alto a los desalojos, el fiscal del MP les dió una hora para sacar sus pertenencias y sacar sus cultivos que estaban a pocos días de cosechar. Sin darles el tiempo prometido, miembros de la empresa Chabil Utzaj procedieron a destruir las siembras y bloquear el paso de salida, tirando bombas lacrimógenas a los campesinos, incluyendo a mujeres y niños. Adicionalmente, agentes del sector privado contrataron a campesinos de otras comunidades para destruir las viviendas y cosechas y abusar de las comunidades afectadas. Según se ha conocido, Carlos de la Torre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Olivier de Schutter, Relator especial del Derecho a la Alimentación , fueron testigos presenciales de los desalojos violentos.

A partir del 21 de marzo, las comunidades violentamente desalojadas han sido Agua Caliente, Miralvalle, Quinich, Río Frío, 8 de agosto, El Sauce, Los Recuerdos, Bella Flor y El Rodeo. Se conoció que aún quedaba planeado continuar los desalojos en varias comunidades, incluyendo Santa María Cotoxja, San Miguel Cotoxja, Paraná, San Pablo I, San Pablo II, Tinajas y El Paraíso. En total han sido más de 800 familias desalojadas y violentadas, y más de 400 manzanas de cultivos destruidas, al igual que varias viviendas quemadas. Como resultado de estas violentas y cobardes acciones, en las que participaron más de 1,000 elementos de las fuerzas de seguridad, del ejército y grupos afines, se dio cuenta de las siguientes consecuencias: la muerte de Antonio Beb Ac; Concepción Tut Coy, Federico Caal, Emilio Xol Yat y Hugo Leonel Caal Caal fueron heridos en Miralvalle; María Elena Pau, José Tun y Rafael Suy fueron heridos en el Caserío Agua Caliente y ahí mismo fueron capturados sin orden judicial Justo Tiul Chen y Sebastián Choc; Carlos Cuc Cuc fue herido en la finca El Recuerdo; y decenas de familias perdieron absolutamente todas sus pertenencias y cultivos.

En estos hechos de verdadera “tierra arrasada”, al peor estilo del genocidio contra los pueblos indígenas, se responsabiliza directamente a Carlos Widmann, dueño de tierras adquiridas de manera poco clara que pretende hacerse un potentado de la caña de azúcar como carburante, Jorge Mario Barrientos y Ricardo Díaz, junto con autoridades del Ministerio Público, las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil. Altamente preocupante es también la ausencia de la PDH y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), así como la indiferencia de la propia CICIG, pese a que el Secretario General de las Naciones Unidas se encontraba en el país en esos días.

Ante estos graves hechos, la RPDG, evocando la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, que en su Sección I establece que “…Todo Pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión…”.

a) Se suma a las expresiones de repudio y condena por las violaciones flagrantes de los derechos humanos de más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz, y manifiesta su total solidaridad con todas las comunidades campesinas afectadas, así como con la Fundación Guillermo Toriello y el Comité de Unidad Campesina (CUC), que han estado acompañando a dichas comunidades campesinas a pesar de las amenazas y hostigamientos.

b) Exige que se realice un proceso de verdadero diálogo y negociación para resolver el problema de fondo, en el que se solicite que participe el Conciliador Nacional, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, ya que las víctimas han perdido la confianza en la PDH y otras entidades del Estado.

c) Exige una investigación de fondo de los hechos para deducir las responsabilidades correspondientes. Ya sea que hubiese una orden legal de desalojo o no, no había ningún motivo para que Widdman, Díaz y Barrientos y otros civiles armados por estos dirigieran tan brutal ataque contra las familias campesinas. Deben ser juzgados, condenados y llevados a prisión de inmediato, acusados de la muerte de un campesino y heridas a muchos más, así como de abusos en contra de las comunidades y sus pertenencias.

d) Debe determinarse la responsabilidad de las instituciones del Estado y al presentarse el informe correspondiente, los responsables directos de la represión y quienes los enviaron deben ser sometidos a juicio. De haber responsabilidad o negligencia de las altas esferas del gobierno, como mínimo deben ser removidos el Ministro de Gobernación o el Ministro de la Defensa , dependiendo de quién se pruebe quien estuvo a cargo de la planificación y dirección de la operación represiva.

e) Instamos al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a analizar estos gravísimos hechos, así como las desatinadas políticas del Gobierno de Guatemala con relación a los derechos de los pueblos indígenas.

Nueva York, 30 de marzo del 2011

Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)