ANALISIS POLÍTICO DEL PROCESO ELECTORAL 1
Por decisión del Comité Ejecutivo, hacemos un llamamiento a los migrantes y los familiares y amistades de los migrantes a emitir el VOTO CASTIGO en las elecciones del 11 de septiembre de 2011. Aunque ninguna de las fuerzas políticas en el proceso electoral ha respondido positivamente a nuestras demandas, hay un conjunto de partidos que, adicionalmente, nos han fallado y nos han engañado. Por ello, pedimos que no se otorgue su voto a los partidos siguientes: FRG, GANA, Líder, PAN, Patriota, PU y UNE. Hay que demostrar que nuestro peso se muestra no solamente con remesas sino también con votos de toda la gente que se identifica con nosotros.
A manera de presentación
La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), que cumple el 1 de septiembre diez años de existencia, es miembro del Frente Amplio y, aparte de promover la paz en nuestro país, trata de encontrar formas de desarrollo para Guatemala y para las y los guatemaltecos en el exterior. Con este análisis, que saldrá periódicamente, quiere contribuir a brindar elementos de juicio a los migrantes y sus familiares en Guatemala, así como a la ciudadanía en general, para que el voto que se emita el 11 de septiembre se haga con pleno conocimiento de lo que son las y los candidatos. Confiamos en que ese voto tenga en mente los intereses legítimos de nuestro pueblo, particularmente sus grandes mayorías pobres.
El Frente Amplio
¿Qué es el Frente Amplio y porqué pertenecemos al mismo?
La construcción del Frente Amplio fue propuesta por la RPDG, hace cerca de cuatro años, teniendo como referencia el Frente Amplio del Uruguay, una amplia alianza de partidos políticos y organizaciones sociales, que han logrado dos períodos de gobierno seguidos, con Tabaréz, primero, y ahora con Mujica. En nuestra propuesta inicial, nosotros consideramos, en primer lugar, que para transformar las condiciones de Guatemala tenemos que participar en la política, incluida la electoral. Solamente desde el movimiento social es imposible generar todos los cambios que se necesitan, aún menos como migrantes, que somos marginados por el sistema político del país. Llevamos más de ocho años exigiendo nuestro derecho a elegir y ser electos y la clase política, pese al monto de las remesas que enviamos, nos sigue viendo de menos.
Construir un partido de los migrantes no es imposible; pero tampoco es fácil. Es más expedito buscar la alianza de fuerzas políticas y sociales que puedan asumir compromisos de cara a las grandes mayorías de nuestro país. Lógicamente, las fuerzas de izquierda no pueden estar ausentes en este Frente. Por un lado, por definición, estas fuerzas deben responder a las demandas de los más necesitados. Su búsqueda de poder político tiene como objetivo establecer estrategias, programas y proyectos que atiendan los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de los sectores pobres y las clases trabajadoras. Por otro lado, el espacio de participación política que hoy existe no sería posible sin la contribución de la URNG, que le arrancó los Acuerdos de Paz a los sectores de poder. En el panorama de hoy, la izquierda partidaria se ubica, principalmente, en la URNG-MAÍZ, la ANN y parcialmente en MNR y Winaq. Aunque no son toda la izquierda nacional, su presencia en el Frente Amplio es necesaria.
Pero el Frente Amplio no es solamente izquierda. Hay corrientes partidarias en MNR y Winaq que se identifican como democráticas; pero que no se autodefinen como izquierda, en parte por las connotaciones que el término tiene por el conflicto armado interno vivido a lo largo de un largo período. Adicionalmente, la propuesta del Frente Amplio trata de incorporar al movimiento social: ONG, organizaciones sindicales, populares y campesinas, organizaciones de los pueblos indígenas y de mujeres, asociaciones comunitarias y otras. En ellas se encuentra desde la izquierda revolucionaria hasta grupos demócrata-cristianos, estando sus preocupaciones centradas en la respuesta a necesidades específicas que surgen de sus bases.
La RPDG, por mandato de su Asamblea General, propició la formación del FA y se involucró en el mismo. Somos parte del grupo de dirección y tratamos de incidir en la definición de las candidaturas.
Esta definición, en circunstancias todavía insuficientes para un buen trabajo unitario, nos provocó los primeros problemas una vez construido el FA. En un momento determinado, las fuerzas políticas dentro del FA, aduciendo responsabilidades y limitaciones impuestas por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la hora de tomar decisiones marginaron a las fuerzas sociales –Frente Nacional de Lucha, el Movimiento Tzukkim Pop y la RPDG—provocando la separación del FNL y Tzukkim Pop y debilitando el proyecto electoral. La campaña no ha contado con el respaldo firme y comprometido de las fuerzas sociales, lo cual, necesariamente, limita sus alcance.
En términos de candidatos, el FA tiene en Rigoberta Menchú a una sólida aspirante presidencial, con muchos más atributos que la mayoría de los contendientes. El candidato a vicepresidente, Aníbal García, es una figura joven; pero está completando exitosamente un período en el Congreso y es el Secretario General del Partido en formación Movimiento Nueva República (MNR). A la lista de buenos candidatos para el Congreso se suma Ángel Sánchez, como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. La RPDG tuvo la oportunidad de proponer varios candidatos o candidatas; pero no estábamos totalmente preparados para el momento. Raúl Molina fue uno de los candidatos al binomio presidencial; pero al no estar el movimiento social en la toma de decisiones, la RPDG retiró su candidatura. No obstante, Aníbal Castellón fue ubicado en la cuarta casilla del listado nacional y Silvia Lucrecia Aguilar en la tercera casilla del Departamento de Quetzaltenango. Son todos candidatos honestos y comprometidos con las mejores causas.
Los Binomios Presidenciales
Las candidaturas a Presidente al 4 de agosto
Las grandes dudas que hoy se plantea la ciudadanía son tres: a) ¿Permitirá la Corte de Constitucionalidad la participación de Sandra Torres como candidata a presidente por la UNE?; b) ¿Logrará Haroldo Caballeros ser inscrito como candidato presidencial?; y c) ¿Se permitirá que Alejandro Giammattei, acusado por CICIG de responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Berger sea candidato? Una cuarta pregunta fue solventada el 3 de agosto, al recibir el binomio presidencial del FA las credenciales que lo acreditan como el octavo binomio oficlalmente inscrito.
A Sandra Torres el TSE le negó su inscripción aduciendo que su divorcio era un fraude. En nuestra opinión, el TSE abusó de sus funciones, porque no está autorizado para calificar si un divorcio es válido o no. La UNE presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la cual dictaminó favorablemente al TSE por 12 votos contra 1. La última apelación ha sido presentada ante la Corte de Constitucionalidad, la cual se ha dado tres días para resolver el asunto. Desde el principio de esta situación, la CC debió haber emitido una resolución, indicando que el divorcio de Sandra Torres y Álvaro Colom no supera la limitación constitucional de que la esposa del Presidente no puede ser candidata. La CC no lo hizo y ahora le corresponde dictaminar si el divorcio fue un fraude, con la intención de superar la prohibición constitucional. La solución no va a ser jurídica sino que política. Mientras tanto, grandes contingentes de la UNE se manifiestan enfrente de la CC.
El caso de Harold Caballeros es un abuso más claro del TSE. A él se le negó la participación en las elecciones hace cuatro años, por ser ministro evangélico, y eso fue correcto. En forma inmediata, sin embargo, renunció en ese momento a ser ministro y preparó su campaña a lo largo de los últimos cuatro años. El impedimento del TSE es insostenible, salvo en nuestro politizado país, en donde el TSE tiene inclinación política. El TSE ha ignorado la situación de Giammattei, por otro lado, y no ha chistado palabra en el caso de la seria acusación hecha por la CICIG de haber condonado ejecuciones extrajudiciales en una cárcel. Todo parece indicar que su inscripción es aceptada sin cuestionamiento.
Si todos estos candidatos prosiguen su marcha, contra viento y marea, la encuesta más reciente de Prensa Libre (cuya credibilidad también está en entredicho), dada a conocer a finales de julio, indica que el orden de preferencia es el siguiente: Otto Pérez, 37.6%; Sandra Torres, 17.2%; Eduardo Suger, 9.0%; Manuel Baldizón, 8.4%; Harold Caballeros, 4.5%; Rigoberta Menchú, 2.3%; Mario Estrada, 2.2%; Patricia de Arzú, 2.2%; y los demás candidatos menos del 2.0%. Si las condiciones se mantuvieran tal cual están, habría necesidad de una segunda vuelta, posiblemente con Pérez y Torres en la contienda. Lógicamente, si Torres y Caballeros fuesen excluidos, se daría un reacomodo importante.
La interpretación de las encuestas electorales Merecen poca credibilidad, en general, las encuestas electorales. Hay tales sesgos en el diseño de la muestra –en la cual los sectores populares aparecen muy poco—y en el cuestionario que la encuesta sirve para “promover candidatos” y no para medir la verdadera intención de voto. No obstante, por su valor comparativo, conviene apreciar los cambios reflejados entre junio y julio en las encuestas de Prensa Libre.
Lo más significativo es, sin duda, la pérdida de atractivo de Otto Pérez, que lo llevará perder las elecciones. Bajar casi 5.0% en un mes, de 42.5 a 37.9, obligará a una segunda vuelta, con pocos aliados. “Mano dura” no sonaba mal hace un mes; pero al conocerse lo que eso significó para la población indígena de El Quiché, la gente reconoce que fue demasiado, aparte de que el gobierno carecerá de legitimidad y respaldo internacional. La candidatura de Sandra Torres subió de 15.1 a 17.2; pero aún no se sabe si la Corte de Constitucionalidad le permitirá participar. Suger subió de 7.7 a 9.0; pero un poco más alto fue el crecimiento de Baldizón, de 6.1 a 8.4. Lógicamente, ambas candidaturas están a la espera de ver qué ocurre con la UNE, para saber si siguen en tercera o cuarta posición o suben o compiten con el Patriota.
Caballeros, en la quinta posición, bajó en su poder de atracción, de 4.9 a 4.5, posiblemente porque tiene problemas de inscripción ante el TSE. Pasan del 2% Rigoberta Menchú, Patricia de Arzú y Mario Estrada; pero mientras que los dos últimos muestran decrecimiento, Rigoberta aumentó en un 35%. Debido a que muchos de los integrantes y simpatizantes del Frente Amplio son indígenas o personas pobres, que ven en este proyecto el único que puede responder a sus necesidades, es evidente que sus opiniones no se ven reflejadas en las encuestas. De esta suerte, es posible visualizar que el FA podría llegar a más del 10% de la votación y convertirse esta opción progresista en la tercera fuerza, como ocurrió en 1999. Es fácil percibir que el panorama podría ser distinto si se mantienen las decisiones del TSE que bloquean a Torres y Caballeros.
El FA, no obstante, no puede depender de las matemáticas electorales para su desarrollo. La clave del crecimiento que pueda lograr en el mes que queda es que la población indígena identifique la candidatura de Rigoberta como una oportunidad histórica, en consonancia con las predicciones mayas para 2012. No se trata de antagonizar a los ladinos, ni siquiera a la clase dominante, sino que de reconocer que por primera vez están a la par de los ladinos progresistas para empujar un proyecto político que responda a las necesidades de las grandes mayorías. Los indígenas que lucharon por el cambio revolucionario y los que siguen la histórica lucha contra la discriminación se unen hoy con los ladinos –pobres, capas medias y clase pudiente consciente—para transformer a nuestro país. El aumento del voto del FA dependerá de qué tanto se movilizan los mayas, los xinkas y los garífunas.
La caída de Otto Pérez
Ha sido una buena noticia encontrar que la más reciente encuesta de Prensa Libre señala que Otto Pérez, en esta fase crítica de la campaña, ha perdido 5.0 puntos de intención de voto. Cuando soñaba que podría ganar en primera vuelta, ahora ha caído a un 37.6% de aceptación. La encuesta indica también que Rigoberta Menchú, la única candidata indígena y progresista, mostró un 35% de crecimiento. Parece lógico que en el tiempo que queda para las elecciones, la caída de Pérez sea más profunda y el repunte de Rigoberta llegue más lejos.
En la caída de Pérez intervienen varios factores. Por un lado, los fondos millonarios que maneja, que ya superaron el cielo impuesto a todos los partidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque éste no hará nada, al igual que con las vallas patriotas que fueron pegadas por todo el país más de dos años antes de convocarse a elecciones, la población empieza a cuestionarse de dónde llega tanto dinero.
No pocos plantean que si es de los ricos criollos, se lo van a cobrar del erario nacional o no pago de impuestos; si es de Estados Unidos, se seguirá comprometiendo la soberanía nacional (¿tropas gringas en Guatemala?); y peor sería que el dinero viniese del “crimen organizado”. La abundancia de dinero no augura buenos resultados.
Un segundo factor es la campaña misma. Se han producido ausencias por arrogancia, por menosprecio o por no tener respuestas a las múltiples preguntas. Fue muy cuestionable la falta de postura ante el asesinato de Facundo Cabral y no dice nada ante la profundización de la crisis social y económica. No explica su “mano dura” –qué hará, cómo lo hará y si respetará o no los derechos humanos—dejando que la gente se imagine los límites, o falta de ellos, en materia de seguridad. El factor principal de su caída es su incapacidad de dar una respuesta coherente a los señalamientos de haber participado en la campaña de genocidio y tierra arrasada durante el conflicto armado interno; haber coordinado la eliminación de muchas personas desde la jefatura de la G2/D2; y haber encubierto el crimen del Obispo Gerardi, después de la firma de la paz.
La entrevista reciente que se le hizo sobre genocidio, no solamente lo tipifica como ignorante en materia de derecho humanitario internacional, sino contrario a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. El genocidio en Guatemala no hay que demostrarlo; fue debidamente confirmado, si bien los juicios apenas empiezan a caminar. Dice Pérez en esa entrevista que las matanzas y masacres realizadas no fueron genocidio, porque el ejército estaba atacando a la población por ser del EGP (incluidos ancianos, mujeres, niños y niñas, bebés y fetos) y no por ser indígena. Admite así crímenes de guerra –que los Convenios de Ginebra prohíben a todo ejército—que lo hacen vulnerable a ser capturado en cualquier país en donde haya justicia y se respete el derecho humanitario. Mucha gente empieza a darse cuenta de que tener como presidente a una persona que puede ser capturada en el extranjero, que cerrará las posibilidades de la cooperación internacional y que hará que la comunidad internacional le niegue un sitio a Guatemala en el Consejo de Seguridad son costos muy altos. Es previsible que la caída se acentúe más. Otto Pérez sería el candidato ideal para Bush; pero no para Obama, quien necesita respaldar figuras presentables. En la comunidad internacional los derechos humanos son hoy determinantes.
PÁGINAS DE MEMORIA HISTÓRICA
¿De qué memoria histórica hablamos?
Ahora que nos encontramos en el proceso electoral de 2011, hay sectores de nuestra sociedad que nos llaman a recordar hechos terribles en el país que debieran llevar a la población a excluir a ciertos candidatos. Por otro lado, hay grupos interesados que afirman que lo pasado debe ser borrado de nuestras mentes y que hay que dar vuelta a la página. Este espacio busca presentarles páginas de esa memoria reciente, para que veamos qué es lo que algunos quieren que olvidemos y que otros nos instan a no ignorar y a no olvidar jamás, para poder construir una Guatemala mejor. El documento de conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), denominado “Guatemala, Memoria del Silencio”, arranca con los siguientes párrafos sobre “la tragedia del enfrentamiento armado”:
1. Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en terminus humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitraries y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos.
2. Combinando estos datos con otros studios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas. La CEH identifica como ejecuciones arbitrarias a las ejecuciones individuales cometidas por ambas partes en el conflicto, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado y las masacres llevadas a cabo, principalmente, por las fuerzas armadas. La desaparición forzada, que la OEA ha catalogado como crímen de lesa humanidad, fue la captura y secuestro de personas por agentes del Estado, las cuales nunca reaparecieron, ni vivas ni muertas. Se estima que en Guatemala hubo más de 45,000 desapariciones forzadas entre 1966 (fecha del secuestro masivo de la Dirección del PGT; según testigos, sus cuerpos fueron lanzados al mar) y 1996 (desaparición forzada de “Mincho”, de URNG). El informe de la CEH da cuenta del enorme costo para la población maya, ya que siendo menos del 70% de la población total, aportó el 83% de las víctimas. Si bien muchos de las víctimas mayas fueron combatientes de la guerrilla, la inmensa mayoría fue población civil no combatiente, incluidos ancianos, mujeres y niños.
Estos hechos se podrán llegar a perdonar, si las víctimas o sus familiares así lo consideran ; pero jamás se pueden olvidar. Para que no se repitan jamás, esta prohibido el olvido.
Desapariciones Forzadas
Una de las prácticas más crueles de las “guerras sucias” llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de muchos países latinoamericanos, con el beneplácito de Estados Unidos, para “acabar con el comunismo”, fueron las desapariciones forzadas. La OEA dictaminó que esta práctica es “crimen de lesa humanidad”. El país más conocido por este crimen es Argentina (30,000 casos con una población promedio de 25 millones); pero es terrible reconocer que fue peor en Guatemala, con más de 45,000 casos (con una población promedio de unos 8 millones). La lucha fundamental contra esta práctica ha sido la razón de ser del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), pese a ataques y amenazas.
Para entender lo que es una desaparición forzada, imaginemos el secuestro de una persona. En estos días la población está justamente indignada por el secuestro de la Sra. Cristina Siekavizza, que tiene en zozobra a toda su familia. No se sabe nada de ella. En la desaparición forzada ocurría lo mismo, con la diferencia de que el secuestro lo cometían las fuerzas militares y de seguridad del Estado, utilizando vehículos y recursos del mismo. La persona secuestrada no iba a parar a una casa desolada, bajo la custodia de unos delincuentes, sino que era conducida a un centro de tortura, en el cual ésta era constante para obtener información que permitiera más capturas. No importaba lo graves que las torturas eran o sila persona moría por ellas, porque con muy pocas excepciones, al final era asesinada. Por último, se hacía desaparecer el cuerpo o restos, a veces en el mar, otras veces en los volcanes y otras en fosas clandestinas.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico dice, en la sección de conclusiones y recomendaciones de su informe: “89. La CEH concluye que en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia. Sus finalidades eran la desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identifica ba proclives a la insurgencia, y extender el terror en la población. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive, militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. Quienes perpetraron estas desapariciones forzadas violaron los derechos elementales de la persona humana.”
La responsabilidad por las desapariciones se centró en los aparatos de Inteligencia, principalmente del ejército, tanto la G2 como la D2. Por ello hay tan profundo cuestionamiento del ex General Otto Pérez, ex Jefe, particularmente en los casos del Comandante Everardo y el guerrillero Mincho de la URNG, por no haber sabido aclarar a satisfacción lo ocurrido. Familiares de 45,000 víctimas esperan a que los generales tengan el valor de decir qué pasó.
Primeras Conclusiones
-Es indudable que este proceso electoral es el más complejo de todos los que se han realizado desde 1986. Tanto el TSE, que había logrado un cierto grado de reconocimiento y respeto, como la CC, que ya nos tiene acostumbrados a sus fallos inconstitucionales, han hecho que el proceso pierda legitimidad y representatividad.
-Al no concerse, todavía, si candidatos con respaldo electoral van a ser dejados al margen, resulta imposible visualizar, con claridad, el escenario de la segunda vuelta, teniendo en cuenta de que ningún candidato o candidata está en condiciones de ganar en la primera vuelta.