Denunciamos y condenamos la violencia contra campesinos en Alta Verapaz, Guatemala
Comunicado Nacional e Internacional
Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, hace casi quince años, teníamos la firme esperanza de que nuestra población campesina e indígena, tras sufrir genocidio en los 80, no volvería a sufrir la violencia del Estado y que se actuaría con tolerancia y se emplearía el dialogo y la negociación pacífica para resolver los problemas de tierra entre las comunidades y los poderosos. Si bien no ha sido la primera vez en este período post-conflicto armado interno, en que se desata la violencia contra las comunidades rurales, lo acontecido en Alta Verapaz obliga a tomar acciones inmediatas de denuncia internacional y solidaridad.
El 15 de marzo, elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público (MP), el Ejército, guardias privados de seguridad de los grandes terratenientes de la región y personas contratadas por la empresa Chabil Utzaj, así como ex-paramilitares, comenzaron a desalojar violentamente a más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz. Las familias campesinas tomaron posesión de estas tierras entre octubre y noviembre de 2010 y habían comenzado un proceso de negociación con instancias del Gobierno y con la empresa privada Chabil Utzaj. Resulta preocupante que en diciembre el gobierno del Presidente Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz, aduciendo la presencia de narcotraficantes, que no han sido ni encontrados, ni, por tanto, sometidos a control.
La negociación se encaminaba esencialmente, a lograr la compra de las tierras, ya que estas familias han trabajado allí por más de 30 años, cultivando estas tierras para poder sembrar y cosechar alimentos básicos para su subsistencia. En plena negociación, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó orden de desalojo. También preocupante es el hecho que la orden fue dictada el 7 de marzo y se le comunicó a las comunidades solamente el propio día de la acción violenta, el 15 de marzo. Cabe traer a cuenta que ni la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ni otras instancias del gobierno estuvieron ahí para presenciar y/o impedir los hechos violentos.
Ante el clamor de los dirigentes de las comunidades para poner un alto a los desalojos, el fiscal del MP les dió una hora para sacar sus pertenencias y sacar sus cultivos que estaban a pocos días de cosechar. Sin darles el tiempo prometido, miembros de la empresa Chabil Utzaj procedieron a destruir las siembras y bloquear el paso de salida, tirando bombas lacrimógenas a los campesinos, incluyendo a mujeres y niños. Adicionalmente, agentes del sector privado contrataron a campesinos de otras comunidades para destruir las viviendas y cosechas y abusar de las comunidades afectadas. Según se ha conocido, Carlos de la Torre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Olivier de Schutter, Relator especial del Derecho a la Alimentación , fueron testigos presenciales de los desalojos violentos.
A partir del 21 de marzo, las comunidades violentamente desalojadas han sido Agua Caliente, Miralvalle, Quinich, Río Frío, 8 de agosto, El Sauce, Los Recuerdos, Bella Flor y El Rodeo. Se conoció que aún quedaba planeado continuar los desalojos en varias comunidades, incluyendo Santa María Cotoxja, San Miguel Cotoxja, Paraná, San Pablo I, San Pablo II, Tinajas y El Paraíso. En total han sido más de 800 familias desalojadas y violentadas, y más de 400 manzanas de cultivos destruidas, al igual que varias viviendas quemadas. Como resultado de estas violentas y cobardes acciones, en las que participaron más de 1,000 elementos de las fuerzas de seguridad, del ejército y grupos afines, se dio cuenta de las siguientes consecuencias: la muerte de Antonio Beb Ac; Concepción Tut Coy, Federico Caal, Emilio Xol Yat y Hugo Leonel Caal Caal fueron heridos en Miralvalle; María Elena Pau, José Tun y Rafael Suy fueron heridos en el Caserío Agua Caliente y ahí mismo fueron capturados sin orden judicial Justo Tiul Chen y Sebastián Choc; Carlos Cuc Cuc fue herido en la finca El Recuerdo; y decenas de familias perdieron absolutamente todas sus pertenencias y cultivos.
En estos hechos de verdadera “tierra arrasada”, al peor estilo del genocidio contra los pueblos indígenas, se responsabiliza directamente a Carlos Widmann, dueño de tierras adquiridas de manera poco clara que pretende hacerse un potentado de la caña de azúcar como carburante, Jorge Mario Barrientos y Ricardo Díaz, junto con autoridades del Ministerio Público, las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil. Altamente preocupante es también la ausencia de la PDH y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), así como la indiferencia de la propia CICIG, pese a que el Secretario General de las Naciones Unidas se encontraba en el país en esos días.
Ante estos graves hechos, la RPDG, evocando la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, que en su Sección I establece que “…Todo Pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión…”.
a) Se suma a las expresiones de repudio y condena por las violaciones flagrantes de los derechos humanos de más de 800 familias Q’eqchies de 14 comunidades ubicadas en el Valle de Polochic, Alta Verapaz, y manifiesta su total solidaridad con todas las comunidades campesinas afectadas, así como con la Fundación Guillermo Toriello y el Comité de Unidad Campesina (CUC), que han estado acompañando a dichas comunidades campesinas a pesar de las amenazas y hostigamientos.
b) Exige que se realice un proceso de verdadero diálogo y negociación para resolver el problema de fondo, en el que se solicite que participe el Conciliador Nacional, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, ya que las víctimas han perdido la confianza en la PDH y otras entidades del Estado.
c) Exige una investigación de fondo de los hechos para deducir las responsabilidades correspondientes. Ya sea que hubiese una orden legal de desalojo o no, no había ningún motivo para que Widdman, Díaz y Barrientos y otros civiles armados por estos dirigieran tan brutal ataque contra las familias campesinas. Deben ser juzgados, condenados y llevados a prisión de inmediato, acusados de la muerte de un campesino y heridas a muchos más, así como de abusos en contra de las comunidades y sus pertenencias.
d) Debe determinarse la responsabilidad de las instituciones del Estado y al presentarse el informe correspondiente, los responsables directos de la represión y quienes los enviaron deben ser sometidos a juicio. De haber responsabilidad o negligencia de las altas esferas del gobierno, como mínimo deben ser removidos el Ministro de Gobernación o el Ministro de la Defensa , dependiendo de quién se pruebe quien estuvo a cargo de la planificación y dirección de la operación represiva.
e) Instamos al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a analizar estos gravísimos hechos, así como las desatinadas políticas del Gobierno de Guatemala con relación a los derechos de los pueblos indígenas.
Nueva York, 30 de marzo del 2011
Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)